Estiman que el PIB de Venezuela crecerá un 6,5%, pero advierten sobre la necesidad de cambios institucionales

Una economía lastrada por décadas de intervencionismo, controles y corrupción, ha sufrido este año el impacto de dos “cisnes negros”: el ataque militar ejecutado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y el doblete sísmico del 24 de junio, que ha dejado más de 6 mil muertos y pérdidas materiales por el orden de los 20 mil millones de dólares.

Tomando en cuenta esta nueva realidad, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB) proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para finales de este año alcanzará el 6,5%. “Es de destacar que esta tendencia al crecimiento se extiende a todos los sectores productivos”, subrayan en su último informe de coyuntura.

“Al discriminar este crecimiento, el producto petrolero se estaría expandiendo en casi 15%, mientras la economía no petrolera lo estaría haciendo en un 6%. A pesar de esta tendencia de crecimiento, la actividad económica sigue estando muy alejada (62% menor) de los niveles que prevalecieron antes de 2014”, apuntan los expertos.

El IIES-UCAB explica que “estas tasas de crecimiento se han ido ajustando a la baja a medida que se ha ido avanzando en el año”, básicamente por tres razones: “el choque negativo de los eventos sísmicos, la menor reacción de la inversión privada, y la lenta y baja capacidad del gobierno para diseñar y gestionar una política eficaz de estabilización macroeconómica”.

Transición

Para “consolidar una senda de crecimiento sostenido”, estiman fundamental impulsar los cambios institucionales. “Las sustanciales reformas estructurales, que deben emprenderse sin más demoras, difícilmente pueden adelantarse si no se cuenta con estabilidad política y un gobierno cuya legitimidad sea reconocida no solo por los agentes económicos y sociales internos, sino también por la comunidad internacional”, observan.

Tras la caída de Maduro, el gobierno venezolano carga con la etiqueta de “interino”, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firma contratos con compañías extranjeras y promueve reformas legales para abrir la economía, principalmente los sectores de petróleo y minería, siguiendo las orientaciones de la administración de Donald Trump.

Bajo el auspicio de Estados Unidos, delegaciones del oficialismo y la oposición desarrollan un proceso de negociación que, en teoría, diseñará una reforma institucional y desembocará en nuevas elecciones.

“En cuanto a la calidad institucional y las condiciones de gobernabilidad, Venezuela sigue apareciendo como uno de los países peor posicionados, aunque indicadores recientes dan cuenta de pequeñas mejoras, especialmente en el área del desempeño económico”, señalan.

El análisis del IIES-UCAB advierte sobre el auge de la inflación y la devaluación. “En el plano socioeconómico, el mayor dinamismo de la actividad productiva no ha logrado traducirse en un significativo fortalecimiento del poder de compra de los hogares ni, tampoco, en cambios fundamentales en el mercado laboral. Aún siete de cada diez hogares se mantienen en situación de pobreza y cerca de un tercio enfrenta condiciones de pobreza extrema”, alertan.