Venezuela inició inspecciones en empresas privadas para verificar el cumplimiento del plan de ahorro eléctrico ordenado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, mientras el país registra el pico de demanda más alto en ocho años ante las altas temperaturas y los efectos de los sismos de junio.
Equipos del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional recorren establecimientos del sector privado, entre ellos cadenas de supermercados y hoteles de Caracas, para constatar la aplicación de medidas de uso racional de la energía. El plan apela a la conciencia ciudadana sin fijar parámetros precisos, según informó el propio Gobierno.
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El Saime —Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería— redujo “momentáneamente” sus horarios de atención desde el lunes en oficinas de Caracas, Aragua y Lara. El organismo lo anunció a través de Instagram en el marco de esa misma directiva.
El lunes a las 14:44 hora local (18:44 GMT), la demanda alcanzó 15.625 megavatios (MW), un alza del 3,6 % frente al máximo registrado durante 2025, de acuerdo con el Ministerio de Energía Eléctrica. La institución atribuyó ese incremento a las temperaturas elevadas y al “crecimiento económico que mantiene su impulso”.
El 2 de agosto, Rodríguez había convocado a los venezolanos a reducir el consumo de luz y agua ante el “Superniño” —denominación coloquial de un episodio de El Niño de gran intensidad— y anunció un plan para incorporar 4.800 MW al sistema antes de que concluya el año.
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Para alcanzar esa meta, el Gobierno firmó acuerdos con General Electric (GE) Vernova y con la empresa estadounidense-argentina IMPSA. La presidenta encargada atribuyó parte del déficit al doble terremoto del 24 de junio, que dañó torres, líneas de transmisión y una planta termoeléctrica.
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, precisó que solo en la zona central del país las infraestructuras afectadas por los sismos representaron una pérdida de “600 megavatios” para la red nacional. También citó el fenómeno de El Niño como factor agravante de los cortes que afectan gran parte del territorio.
Venezuela arrastra fallas crónicas en el suministro que el chavismo atribuye a sanciones extranjeras, mientras la oposición y analistas las vinculan a corrupción y ausencia de mantenimiento. En ese marco, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que un equipo técnico del Departamento de Energía de su país realizó un diagnóstico de la principal hidroeléctrica venezolana para definir una ruta de modernización.
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El Banco Mundial estimó en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos provocados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, y advirtió que una reconstrucción lenta podría comprometer la recuperación económica del país durante la próxima década.
(Con información de EFE)
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