Sin ofrecer ninguna explicación a los venezolanos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez acumula cuatro días sin publicar el balance oficial sobre las consecuencias del doblete sísmico ocurrido el miércoles 24 de junio.
El último parte se difundió al cumplirse un mes del cataclismo. Allí reportaron 5.546 fallecidos. La cifra no se ha actualizado, pese a que continúan recuperando cuerpos entre los escombros de los edificios en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon la región centro-norte de la República.
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Ese resumen del 24 de julio indicaba que 23.811 personas estaban siendo atendidas en los 107 campamentos transitorios instalados por las autoridades. Dos días después, el 26 de julio, la Vicepresidencia Social expuso en sus redes que el número ascendía a 24.477 personas en los 107 campamentos.
Dado el comportamiento histórico del régimen chavista, que por años ha mantenido en la oscuridad los datos de la economía y hasta los boletines epidemiológicos del país, distintas organizaciones de la sociedad han exigido la mayor transparencia en la publicación de todas las estadísticas sobre el terremoto.
Vacíos
El gobierno ha evitado dar un número de desaparecidos, bajo el argumento de que no puede caer en especulaciones y que por esa razón solo debe atenerse a la cifra de defunciones certificadas. La ONG Cecodap subraya en su informe que el Ejecutivo “mantiene la deuda de un parte desagregado por edades e información detallada sobre la situación actual, las necesidades y las respuestas para la población infantil y adolescente afectada”.
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También existen dudas con respecto a la cantidad de edificaciones impactadas por los movimientos telúricos. El régimen habla de 856 edificios afectados y otros 190 colapsados. Sin embargo, todas las estimaciones independientes son muy superiores, con la NASA llegando a estimar casi 59 mil edificios dañados.
Diversas ONG han encendido las alarmas con respecto al manejo de la ayuda que recibirá el país. En una carta remitida al secretario de Estado, Marco Rubio, le solicitaban “su intermediación” ante el gobierno de Delcy Rodríguez para garantizar “plena transparencia y rendición de cuentas públicas” sobre el manejo del dinero para atender la emergencia.
En la misiva remitida a Rubio subrayan la necesidad de que el régimen chavista acceda a la “publicación periódica de lo que se recibe, su origen y propósito, sus beneficiarios previstos y los responsables de su recepción, asignación y distribución, junto con una verificación independiente de que llega a quienes está destinada”.
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