“Con el respeto que se merecen, pero aquí yo he visto más fusiles que palas”, increpa un joven voluntario a unos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras los sismos que el miércoles 24 de junio azotaron Venezuela dejando hasta el momento un saldo que supera los 1.400 muertos.
En otra zona de la misma entidad, teniendo como telón de fondo los escombros de un edificio destruido por los terremotos, se repite una escena similar con un muchacho que abronca a unos soldados en estos términos: “Pa’ echarnos plomo y coñazo, sí. Demuéstrenme su maldad con un pico y una pala”.
También en La Guaira, un hombre clama por ayuda para encontrar a sus hijos y desesperado grita: “¿Dónde están los uniformes?”. La pregunta salta de la calle a las redes sociales, donde abundan las críticas por el trabajo que desarrolla la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para atender la crisis provocada por el cataclismo.
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Para contrarrestar los cuestionamientos, las cuentas oficiales destacan la participación de los militares en las labores de rescate. “Nuestra FANB, sus distintos componentes, están en el territorio del estado La Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo. No han dormido ni un minuto desde que hemos tenido el objetivo vital de rescatar a estas personas”, manifiesta la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un mensaje difundido por el Ejército venezolano.
A la baja
La revolución chavista nació en los cuarteles, de donde salió Hugo Chávez para encabezar dos golpes de Estado contra el sistema democrático en 1992. Desde que llegaron al poder siete años después, los militares han ocupado cargos clave en las instituciones venezolanas, acumulando mucho poder y manejando abultados presupuestos.
El primer gran caso de corrupción del chavismo tuvo como protagonista a un oficial del Ejército en fecha tan lejana como 2001, y de allí en adelante los expedientes no pararon de crecer en número y cantidad de dinero esquilmado.
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Ningún espacio burocrático les ha sido ajeno. Han controlado desde la industria petrolera hasta el Seguro Social, pasando por casi todos los ministerios y las oficinas que administraban la asignación de dólares y las importaciones. Por esa razón, son los principales señalados cuando se denuncia la ineficiencia del gobierno.
Sin embargo, el mayor reproche surge por su responsabilidad en la represión contra la población. El régimen venezolano enfrenta un proceso en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, al tiempo que distintas organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han acusado al gobierno de cometer prácticas de terrorismo de Estado.
La última encuesta de la firma Delphos, presentada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, midió la confianza de los venezolanos en las instituciones. Las mejores valoradas, con más del 50%, resultaron ser las universidades y la Iglesia católica, y las peores por debajo de 30% la FANB, los medios de comunicación del Estado, los partidos políticos y el gobierno nacional.
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Desde esa reprobación, los ciudadanos fustigan tanto en las zonas afectadas como en las redes sociales el desempeño de los militares y del Ejecutivo ante la peor crisis humanitaria que ha padecido este país.
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