La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, señaló que en hospitales de la capital venezolana están funcionando una especie de “salas VIP”, en la práctica manejadas por casas comerciales, situación que viola el principio de gratuidad de la salud pública en el país.
“Eso se está convirtiendo en una costumbre”, apunta Contreras, quien presentó este martes 23 de junio la denuncia al ministro de Salud, Carlos Alvarado.
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Según la dirigente gremial, empresas han tomado el control de espacios que han sido reacondicionados en los hospitales, llevando a pacientes para ser intervenidos y cubriendo la atención, incluido alquiler de equipos y remuneración del personal. “No sabemos quién paga eso, si el paciente paga a la empresa”, alertó.
Contreras destacó que de forma irregular se brinda una “atención VIP” a los usuarios que llegan a los centros asistenciales a través de estas compañías privadas.
Además, destapó otra desviación: “A los pacientes, especialmente a los que acuden a los servicios de traumatología y cardiología intervencionista, les piden que compren todo el material que necesitan y les dicen en cual casa comercial deben adquirir los insumos”.
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“No solo no se cumple el principio de gratuidad, sino que parece que existe una especie de convenio entre la casa comercial y el médico tratante”, advierte la vocera, que sospecha que las máximas autoridades de los hospitales no solo están al tanto de la situación, sino que forman parte de un esquema que termina discriminando a los más pobres.
Falta de personal
En su conversación con el ministro Alvarado, Contreras abordó el tema de la falta de personal. Según sus estimaciones, en el sistema público deberían trabajar 120 mil profesionales de la enfermería, pero la nómina oficial solo registra 56 mil a escala nacional.
“Estamos pidiendo al ministro que haga un diagnóstico real, porque sabemos que en la nómina incluyeron a personas que no son profesionales, pero que entraron por compromiso político”, aseveró la representante gremial, que calcula un déficit de 70% en esta área.
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Contreras también llamó la atención acerca del hecho de que los planes del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometen repotenciar la infraestructura y el equipamiento hospitalario; sin embargo, nada dicen sobre qué piensan hacer para retener al personal y motivar a otros profesionales a que se incorporen a un sistema público que mantiene congelados los salarios desde 2022.
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