La consejera senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Adriana D’Elia, indicó que ese organismo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) no podrán comenzar a operar en Venezuela hasta que el país cancele una deuda que aproximadamente alcanza los 2 mil 500 millones de dólares con cada una de esas instituciones.
“Ni CAF ni BID pueden comenzar a operar en Venezuela hasta que se pague la deuda; es decir, no puede haber operaciones de crédito ni tener proyectos de inversión hasta que Venezuela no pague la deuda. Tiene 2.500 millones de dólares con el BID y algo similar con CAF y es un proceso que va a ser complejo”, declaró D’Elia en un foro organizado por la ONG Transparencia Venezuela este jueves 4 de junio.
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El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez restableció las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en el marco de una política que busca reinsertar a Caracas en los entes multilaterales y abrir sectores estratégicos de la economía al capital privado.
D’Elia asomó que “se ha hablado de que la posibilidad de pago pasa por los fondos de Derechos Especiales de Giro (DEG) que tiene Venezuela en el FMI”, equivalentes a unos 5 mil millones de dólares.
Mientras el régimen chavista no cumpla sus compromisos con estas instituciones, el vínculo se limitará a “cooperaciones técnicas de información y de diseño de programas, pero que no pueden ser ejecutados”. “Si no le paga al BID y a CAF va a ser mucho más complejo”, acotó.
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Datos
D’Elia sostuvo que la reconexión de Venezuela con los órganos internacionales puede contribuir a construir transparencia, capacidad institucional y condiciones para una transición democrática. Recordó que BID y CAF han cambiado sus paradigmas para priorizar la “reconstrucción institucional” como condición indispensable para la ejecución de proyectos.
Consideró que la falta de instituciones, la opacidad en los datos públicos, la poca capacidad de ejecución y la corrupción hicieron de Venezuela una nación frágil. Para comenzar a revertir esta situación, apuntó que los entes multilaterales deben colaborar en la elaboración de una “plataforma integrada de transparencia”, con el fin de obtener información confiable para el diseño de las políticas públicas.
“La primera infraestructura es la capacidad para ver el territorio. Ahora mismo no tenemos información de Venezuela, no tenemos capacidad real de entender lo que está pasando”, advirtió la consejera, que llamó la atención sobre la necesidad de crear indicadores institucionales, sociales y de seguridad para evaluar la situación del Estado venezolano.
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D’Elia planteó la conformación de “espacios institucionales pilotos” en el territorio venezolano, donde puedan aplicarse correctamente las nuevas políticas, medir sus resultados y luego expandirlos progresivamente por todo el país.
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