Un tribunal venezolano rechazó este lunes la solicitud de amnistía presentada por el periodista Rory Branker, quien estuvo cerca de un año privado de libertad y fue excarcelado recientemente.
Aunque recuperó la libertad, el proceso penal en su contra sigue abierto y organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela califican la situación de irregular.
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La negativa a conceder la amnistía se fundamenta en que Branker fue imputado por los supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria. Estos cargos, considerados graves por la jurisdicción venezolana, excluyen a Branker de los beneficios otorgados a quienes sí fueron favorecidos por la Ley de Amnistía, según consignó el sindicato.
Branker, editor del medio La Patilla, fue detenido el 20 de febrero de 2025 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Pasó 206 días sin contacto con su familia, quienes pudieron verlo recién en septiembre, cuando seguía recluido en una celda policial. Su excarcelación se produjo el pasado 4 de febrero.
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La aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela
La Asamblea Nacional venezolana informó que, hasta el 26 de marzo pasado, 8.416 personas habían recibido libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía. Sin embargo, el listado de beneficiados sigue sin divulgarse, y persiste la incertidumbre sobre los criterios exactos de selección.
La ley, promulgada en febrero, está destinada a reparar violaciones de derechos humanos y abarca un periodo de 27 años, desde 1999. Solo concede el beneficio a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, y excluye casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones graves de derechos fundamentales.
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El SNTP denunció que la aplicación de la Ley de Amnistía es “discrecional”. El sindicato de prensa sostiene que, aunque miles recuperaron su libertad, personas como Branker continúan procesadas por los mismos delitos que excluyen automáticamente el sobreseimiento.
Implicaciones para la libertad de expresión
Para el sindicato de prensa de Venezuela y la organización Espacio Público, la negativa a cerrar el caso de un periodista bajo cargos tan graves representa un uso selectivo de figuras legales para limitar la labor informativa. Ambas entidades consideran que el proceso carece de garantías y se traduce en una forma de persecución judicial a la prensa venezolana.
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El sindicato advirtió que la exclusión de Branker entre los beneficiados refleja la persistencia de la persecución y cuestiona la protección efectiva de los derechos fundamentales de los periodistas.
Por su parte, Espacio Público indicó que los procedimientos penales por motivos políticos contra comunicadores se mantienen activos. Fuentes de la ONG expresaron a Infobae que a Branker nunca le respetaron el debido proceso.
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“A dos meses de su excarcelación es urgente que el Estado venezolano le retire los cargos y establezca mecanismos de no repetición”, indicaron.
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