A un mes de su promulgación, las ONG venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela afirmaron el viernes que la aplicación de la Ley de Amnistía funciona como un “espejismo” de estabilización en el país.
En su informe ‘El balance de la arbitrariedad (2014-2016)’, señalaron que la normativa “busca generar una sensación de ‘borrón y cuenta nueva’ para estabilizar una crisis que no se resuelve con excarcelaciones mediáticas, sino con el desmantelamiento total de las estructuras de persecución”.
Según las organizaciones, el avance que se le exige a la sociedad venezolana representa una “forma de impunidad que solo garantiza que el ciclo de violencia pueda repetirse en el futuro”.
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A su vez, consideran que no es posible superar la crisis sin el reconocimiento pleno de las víctimas, el vaciado absoluto de todos los centros de detención y procesos genuinos de justicia para los presos políticos.
Las ONG agregaron que, más allá de la creación de leyes especiales, gran parte de la crisis de hacinamiento carcelario y persecución podría resolverse mediante la aplicación rigurosa del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que ya contempla beneficios, lapsos y medidas humanitarias que “el sistema ignora sistemáticamente”.
Señalaron además que la incertidumbre creció cuando se negó la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico de la oposición mayoritaria, y a la periodista Nakary Ramos. “Esta maniobra revela que la amnistía no fue diseñada para pacificar, sino para estratificar la persecución”, apuntaron.
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Las organizaciones cuestionaron que la Ley de Amnistía contemple un período de 27 años, desde 1999, pero que solo beneficie a personas vinculadas con 13 “hechos” de 13 años distintos. “Esta selectividad confirma que la ley no busca redimir hechos, sino gestionar personas bajo una lógica de discrecionalidad absoluta”, concluyeron.
Desde el , la Justicia de Venezuela otorgó libertad plena a 8.068 personas, según informó este viernes el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento de la norma.
En una publicación en X, Arreaza precisó que 7.808 de los beneficiados contaban con libertad restringida bajo medidas cautelares, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales, y que los 260 restantes estaban encarcelados.
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El diputado indicó que hasta este viernes las autoridades han recibido un total de 11.396 solicitudes válidas, correspondientes a los delitos y períodos establecidos en la legislación. “Sin entrar en polémicas, es evidente que los resultados son notables. Un gran aporte al reencuentro nacional”, sostuvo el parlamentario.
Las autoridades no han hecho público un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese al pedido del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, quien reiteró esa solicitud el lunes pasado.
La Ley de Amnistía limita su alcance a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del período y casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio o violaciones de derechos humanos.
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Diversas organizaciones han criticado la norma por considerarla “excluyente”. Durante la semana, familiares de presos políticos y activistas protestaron en Caracas ante la Asamblea Nacional, el Ministerio de Servicio Penitenciario y el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando la liberación de presos políticos, la revisión de casos excluidos y mejores condiciones en los centros de detención.
Asimismo, varias ONG denunciaron recientemente el rechazo de solicitudes de amnistía, incluyendo la de Henry Alviárez, coordinador nacional del partido Vente Venezuela, así como la de un grupo de dirigentes sindicales.
(Con información de EFE)