El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa compareció este miércoles ante la prensa en Caracas para denunciar que, pese a haber recibido el pasado 19 de febrero una notificación de “libertad plena”, el proceso judicial en su contra permanece abierto. Guanipa fue detenido en mayo de 2025 acusado de estar involucrado en un supuesto plan de “terror” contra las elecciones regionales y legislativas. Estuvo nueve meses privado de libertad antes de ser excarcelado en el marco de las liberaciones anunciadas por el régimen de Delcy Rodríguez.
“Yo sigo sometido a juicio, esa es la verdad”, declaró el ex diputado en rueda de prensa, al tiempo que informó que durante esos nueve meses de reclusión no pudo designar a un abogado privado para su defensa. Las imputaciones que pesan sobre él incluyen traición a la patria, terrorismo, obstrucción a la administración de justicia, asociación para delinquir y conspiración con terceros países, según detalló el propio Guanipa.
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La situación del dirigente expone una de las contradicciones más evidentes en la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de febrero. Cuando le comunicaron la libertad plena, el funcionario de seguridad le indicó que se debía a la ley promulgada por Delcy Rodríguez; pero horas después, Jorge Rodríguez declaró que el caso de Guanipa no estaba contemplado en esa legislación y que la liberación respondió a una “concesión” del régimen chavista.
La ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento controlado por el chavismo, establece en su texto que abarca el período entre 1999 y 2026, pero su aplicación se limita a 13 momentos específicos de crisis política ocurridos desde 2002. Esta delimitación, según organizaciones de derechos humanos, deja fuera arrestos registrados en al menos 15 de los últimos 27 años y excluye los casos vinculados a operaciones militares.
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El trasfondo inmediato de la detención de Guanipa remite a las turbulencias de los días previos a su encarcelamiento definitivo. Había sido liberado a comienzos de febrero en el marco de un proceso anunciado en enero por el chavismo, pero horas después volvió a ser detenido y enviado a arresto domiciliario tras encabezar una caravana por la libertad de los presos políticos. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, justificó la redetención argumentando que Guanipa intentaba “generar violencia” y “hacer un show”.
Más allá del juicio en curso, el ex diputado denunció que lleva diez años bloqueado en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), la entidad estatal que gestiona los documentos de identidad venezolanos. “Yo no tengo pasaporte sino vencido hace unos siete años porque no ha sido posible que me desbloqueen en el Saime”, sostuvo. También reclamó al Ministerio Público la devolución de los bienes que le fueron incautados al momento de su arresto en mayo del año pasado.
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Según Foro Penal, más de 500 personas han sido excarceladas desde que el régimen de Rodríguez anunció, a principios de enero, la liberación de un número importante de presos políticos. Con todo, la organización estima que al menos 644 permanecen detenidas por motivaciones políticas en Venezuela. La Ley de Amnistía contempla la creación de una comisión especial para revisar los casos que queden fuera del alcance de la norma, aunque su funcionamiento efectivo aún no ha sido demostrado.
Guanipa, aliado cercano de María Corina Machado, insistió en que cualquier proceso de reconciliación debe estar acompañado de verdad y justicia, y respaldó el plan de tres fases presentado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como hoja de ruta para convocar elecciones. El caso del ex diputado ilustra la brecha que separa los anuncios del chavismo de su aplicación concreta: un hombre formalmente libre que sigue siendo juzgado, sin documentos válidos y sin los bienes que el Estado le confiscó.
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