El periodista venezolano Ramón Centeno, excarcelado el pasado 14 de enero tras cuatro años de reclusión, continúa enfrentando serios obstáculos, por parte de la juez Sabrina Montes de Oca, para la intervención quirúrgica que su delicado estado de salud exige. Luego de la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero 2026, Centeno fue excarcelado, en la silla de ruedas donde ha estado cuatro años, asistido por su madre, quien fallecería menos de dos semanas después de su salida.
Centeno Navas, fue detenido, el 2 de febrero 2022, por realizarle, en el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el sector Las Acacias, Caracas, una entrevista a Jean Silva un narcodiputado del chavismo. El periodista fue recluido en la misma cárcel, donde permaneció por cuatro años, acusado de tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación, junto con su amigo Gabriel Enrique Zambrano Guerra.
Hace unas semanas, ya en libertad, aunque con medidas de presentación, Centeno intentó retomar el control de su salud, declarándose “un sobreviviente” anunciando que acudirá al médico “para volver a caminar las calles de Venezuela”. Unos días después el doctor Alirio Villanueva le diagnóstica una bursitis y le practica infiltraciones y sugiere hospitalización para extracción de material.
Más recientemente, el 19 de febrero de 2026, el doctor Leopoldo Maizo determinó la necesidad prioritaria de una operación, programada para el 26 de febrero 2026. Sin embargo, la juez Montes de Oca insiste en exigir una nueva evaluación forense antes de autorizar el procedimiento, aplazando nuevamente la intervención y poniendo en riesgo la vida del comunicador social.
Ante la falta de apoyo institucional y la precaria situación de medicamentos y materiales quirúrgicos en los hospitales en Venezuela, Centeno inició una campaña de recaudación de fondos, con ayuda de la sociedad civil y el gremio periodístico, para costear su operación, que sigue en vilo por las trabas administrativas.
“Soy un sobreviviente y mi prioridad ahora es volver a caminar las calles de Venezuela”, ha dicho el periodista, que ve cómo la justicia continúa postergando su recuperación.
Denegación de justicia
El Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ubicado en el sector Las Acacias, Caracas, es uno de los lugares donde Diosdado Cabello Rondón, Ministro del Interior y Justicia, mantiene a decenas de detenidos que pertenecen a casos de su interés.
A finales de enero 2022, poco antes de su detención, Centeno sufrió un accidente automovilístico que le provocó fracturas en el fémur y la cadera. Apenas 72 horas después de su ingreso en prisión, una caída, causada por un custodio, durante un conteo de reclusos agravó sus lesiones y desencadenó una infección en la herida, lo que forzó su traslado de emergencia al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) cercano al referido sitio de detención.
Como el traslado se hizo, por emergencia, sin la previa autorización del entonces juez de control, Michel Armando Agro Garmendia, complicó su atención médica y la recuperación se tornó incierta.
La madre de Centeno, Omaira Navas, recorrió diversos hospitales de Caracas buscando atención para su hijo, quien permanecía esposado durante los traslados. A pesar de los informes médicos que insistían en la necesidad de hospitalización urgente, las decisiones judiciales dilataron cualquier medida humanitaria.
El 31 de marzo 2023 el periodista es trasladado hasta el Hospital Universitario de Caracas, por orden de la jueza Montes de Oca. El diagnóstico de la doctora que lo atendió, Lady Espinoza, es que Centeno “tiene una infección preimplante por reducción abierta e interna con placas de compresión dinámica por fractura de tercio proximal de fémur derecho”, pero como ese centro de salud no pudo ser hospitalizado, es regresado a la celda.
Un mes después, en junio 2022, la juez Sabrina Montes de Oca solicita evaluación ante el Servicio Nacional de Ciencias Forenses y allí se determinó que era necesario “una hospitalización de emergencia” porque presentaba un “cuadro infeccioso”, pero la juez no ordenó su hospitalización; el entonces comandante de la cárcel permite que sea atendido por una enfermera que brindaba primeros auxilios a los militares en el Comando.
Ese mismo año es traslado de emergencia al hospital Domingo Luciani, donde lo hospitalizan por presentar “aflojamiento séptico de material de osteosíntesis complicado con infección de piel y partes blanda”.
Un año después, la salud del periodista Centeno Navas se complica por la postración en cama y silla de ruedas, agregándose hipertensión arterial, trastorno psicótico e insomnio moderado. Con ese antecedente el Hospital, por una orden proveniente de algún alto funcionario, le dan el alta médica “hasta esperar su mejoría tensional” y lo regresan a la cárcel.
La juez se niega
De nada sirvió que el abogado defensor de Centeno, Detman Mirabal, solicitara al Tribunal la revisión “porque el periodista tiene un gravísimo deterioro de su estado general” y citara el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el derecho a la vida. Montes de Oca negó la solicitud.
Ni siquiera fue considerado por el juzgado que el Ministerio Público también solicitara un reconocimiento médico forense y determinara que el estado de Centeno era complejo y urgía ser intervenido.
Antes de ser excarcelado, Centeno fue nuevamente atendido por médicos especialista quienes concluyeron que presentaba “dolor de fuerte intensidad en cadera, crónica, continua, que se irradia hacia la rodilla y región glútea; punzante, exacerbado con el movimiento (...) limitación funcional para realizar movimientos activos y pasivos. Cefalea frecuente, náuseas, fotofobia, alucinaciones. Diarrea y pérdida del apetito”.
La médico forense recomendó “de forma urgente y enfática acudir a centro hospitalario con capacidad para ofrecer manejo multidisciplinario intensivo y especializado que incluya servicio de medicina interna, gastroenterología, infectología, traumatología, neurología, psiquiatría y nutrición clínica”.
El tribunal, encabezado por la jueza Sabrina Montes de Oca de Rodríguez, negó sistemáticamente la solicitud de arresto domiciliario, a pesar del grave deterioro físico y mental del periodista.
Cuando por una decisión política, el comunicador fue excarcelado, en el marco de las liberaciones exigidas por los Estados Unidos al gobierno interino de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la juez Montes de Oca de Rodríguez insiste en que acuda a las audiencias, propiciando que el comunicador pase horas sentado en la silla de ruedas esperando en el tribunal, en condiciones que violentan sus derechos humanos.
Especialistas, que han evaluado a Centeno, diagnosticaron un cuadro clínico complejo: dolor intenso, infecciones recurrentes, trastornos psiquiátricos y riesgo potencial de autolesión. Los médicos forenses recomendaron una intervención quirúrgica inmediata en un centro hospitalario capacitado para el manejo integral del paciente. No obstante, la burocracia judicial nuevamente se interponer.
El caso de Ramón Centeno pone en evidencia los persistentes obstáculos burocráticos y judiciales que enfrentan los presos políticos en Venezuela, incluso tras recuperar la libertad. Mientras el gobierno promueve un discurso de reconciliación, decisiones como la del Tribunal número 11 de juicio siguen poniendo en riesgo la vida y la salud de quienes han sido víctimas de la represión.