Los familiares de presos políticos en Venezuela llevan más de 72 horas en huelga de hambre para exigir la liberación de sus allegados, una medida que responde a la falta de cumplimiento de las excarcelaciones anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, el 8 de enero y reiteradas el 6 de febrero.
Hasta el momento, las liberaciones prometidas no se materializaron. La protesta se desarrolla tanto en la vía pública como dentro de los calabozos de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocida como Zona 7.
De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), los familiares iniciaron la huelga de hambre el sábado por la mañana. La organización señaló que la situación se agrava ante la falta de respuestas oficiales y la persistencia de la indiferencia estatal.
“La mañana de este martes 17 de febrero, familiares mantienen una huelga de hambre en protesta por la libertad de sus seres queridos, anunciada por Jorge Rodríguez… promesas que no han sido cumplidas”, expresó el CLIPPVE.
El Comité por la Libertad de Presos Políticos informó el martes que Evelin Quiaro, madre de Joel Bravo, se convirtió en la tercera familiar descompensada durante la huelga de hambre en Zona 7.
En la tarde del martes 17 de febrero, Quiaro debió abandonar la protesta debido al grave deterioro de su estado de salud, tras 40 días de manifestación y 80 horas en huelga de hambre.
La mujer fue atendida de emergencia por intenso dolor de cabeza, dolor abdominal, mareos y debilidad general. Sandra Rosales, esposa del policía Dionnys Quintero, aseguró que permanecerá en el lugar “hasta tener una respuesta”, pese al “desgaste psicológico, físico” que representa tanto para ella como para otros familiares.
Mileidy Mendoza, esposa de Eric Díaz, subrayó que las autoridades “dan vueltas al asunto” y manifestó que siguen esperando alguna señal concreta. “Es agotador. Nos mantenemos aquí porque tenemos la esperanza de ver a nuestros familiares salir”, señaló.
El comité responsabilizó al régimen venezolano por el deterioro físico y psicológico que enfrentan las madres y familiares de los presos políticos, atribuido a los reiterados anuncios incumplidos de liberación. En ese sentido, sostuvo que los responsables de las instituciones estatales incurren en graves violaciones a los derechos humanos.
La organización exigió una atención inmediata a los reclamos de las familias, el cese del desgaste y la revictimización, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos.
Por su parte, la ONG Foro Penal reportó el domingo pasado que verificó 444 excarcelaciones en Venezuela desde el 8 de enero hasta el 15 de febrero a las 21:30 (hora local), en el marco del proceso de liberaciones anunciado. El presidente de la organización, Alfredo Romero, compartió en la red social X el alcance del registro realizado durante poco más de un mes.
Foro Penal aclara que no contabiliza como excarcelación los casos en los que la persona, tras salir del centro de detención, permanece bajo arresto domiciliario. La organización sostiene este criterio para su conteo público.
Hace una semana, el dirigente Juan Pablo Guanipa, ex diputado vinculado a María Corina Machado, y el asesor jurídico de la principal coalición opositora, Perkins Rocha, fueron liberados junto con otros activistas políticos.
No obstante, Rocha sigue bajo arresto domiciliario y Guanipa fue nuevamente encarcelado el mismo día de su excarcelación, tras ser acusado por la Fiscalía de incumplir medidas cautelares. El martes, su familia informó que el opositor se encuentra bajo arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, estado Zulia.
(Con información de EFE)