Las fuerzas de seguridad del régimen de Venezuela incrementaron en los últimos meses la persecución contra estadounidenses en el país, en un momento de tensiones entre las naciones, impulsadas por la campaña de presión militar y económica de Estados Unidos contra la dictadura de Nicolás Maduro.
De acuerdo con un funcionario estadounidense consultado por CNN, al menos cinco ciudadanos estadounidenses permanecen arrestados en el país sudamericano, aunque la identidad de la mayoría sigue sin confirmarse de manera oficial.
La reciente serie de arrestos coincide con la intensificación de la campaña estadounidense que, desde hace cuatro meses, ha incluido el despliegue de una armada en el Caribe, ataques de la CIA a instalaciones portuarias venezolanas y el bloqueo de buques petroleros sancionados.
Este endurecimiento ha sido acompañado por sanciones dirigidas tanto a Maduro como a sus familiares cercanos, incrementando la presión diplomática y económica sobre Caracas.
Funcionarios de Washington sostienen que el patrón de detención de estadounidenses responde, en parte, a una estrategia de Caracas para elevar su capacidad de negociación en futuras rondas diplomáticas o como respuesta directa a las acciones estadounidenses. Esta táctica recuerda a la utilizada por Rusia, aliado de Venezuela, que ha retenido a estadounidenses en el pasado para obtener ventajas diplomáticas frente a EEUU.
La identidad y paradero de los estadounidenses detenidos en Venezuela continúan envueltos en incertidumbre. Entre los casos conocidos está el de James Luckey-Lange, un neoyorquino de 28 años cuya familia denunció su desaparición tras cruzar la frontera sur de Venezuela en diciembre.
De acuerdo con The New York Times, Luckey-Lange habría ingresado en Venezuela durante un viaje por Sudamérica, interesado en investigar la minería de oro en la región amazónica. No queda claro si contaba con la visa requerida para su estadía. Su familia reportó que los funcionarios estadounidenses no han proporcionado información sobre su situación.
Otros casos destacados son los de Aidel Suárez, nacido en Cuba y residente permanente en Estados Unidos; y Jonathan Torres Duque, venezolano que vivía en Estados Unidos bajo estatus de protección temporal y fue arrestado tras regresar a Venezuela en 2024. Su madre, Rhoda Torres, señaló al periódico neoyorquino que detuvieron a su hijo debido a su acento estadounidense y apariencia física.
Históricamente, Venezuela ha utilizado a ciudadanos estadounidenses detenidos como herramienta de presión en las negociaciones bilaterales, según documentó The New York Times. Tras el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el presidente envió a su enviado especial Richard Grenell para negociar la liberación de estadounidenses, lo que derivó en la excarcelación de 17 personas entre ciudadanos y residentes permanentes.
Sin embargo, la suspensión de ese diálogo trajo consigo un incremento en las detenciones, en paralelo al fortalecimiento de medidas coercitivas desde Washington. El almirante retirado James Stavridis advirtió que esta dinámica supone riesgos de escalada. “Maduro está jugando con fuego al intentar este enfoque con la administración Trump”, aseveró en entrevista con el diario estadounidense.
Las condiciones de reclusión para los extranjeros arrestados en Venezuela han sido descritas como precarias y abusivas. El peruano-estadounidense Renzo Huamanchumo Castillo, liberado en un intercambio de prisioneros en julio, relató a The New York Times que sufrió golpes frecuentes y careció de un proceso legal adecuado durante su detención bajo cargos de terrorismo. “Después nos dimos cuenta de que solo era un símbolo”, explicó Huamanchumo sobre el carácter político que percibió en su encarcelamiento.
Otros excarcelados reportaron falta de acusaciones formales y la permanencia en prisión como parte de una estrategia de presión del régimen venezolano.
Los familiares, como Rhoda Torres, enfatizan en que los estadounidenses permanecen detenidos junto a ciudadanos de múltiples nacionalidades y que prevalece la opacidad sobre sus situaciones individuales.
Venezuela mantiene cientos de prisioneros políticos tras las elecciones de 2024, aunque en las más recientes liberaciones no se encontró entre ellos a ningún estadounidense.
Ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por los medios estadounidenses, y la Embajada estadounidense en Colombia, responsable de los asuntos consulares en Venezuela, se remitió al Departamento de Estado, sin aportar detalles adicionales.
Por parte del régimen venezolano, el Ministerio de Comunicación tampoco proporcionó información sobre los casos referidos.