Las exportaciones de petróleo de Venezuela registraron una caída marcada tras la intensificación de las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo vinculado a la dictadura de Nicolás Maduro.
Las intercepciones de buques, la incautación de cargamentos bajo sanciones y un bloqueo anunciado por Washington limitaron la salida de petróleo, dejaron millones de barriles inmovilizados y expusieron las debilidades operativas de la estatal PDVSA.
Datos de seguimiento marítimo indican que, a comienzos de esta semana, la actividad de carga se concentró casi exclusivamente en traslados entre puertos internos, mientras los envíos internacionales se redujeron de forma drástica.
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Varios buques que se dirigían a costas venezolanas para cargar crudo o descargar insumos clave suspendieron su navegación o cambiaron de rumbo ante la falta de claridad de sus armadores frente al nuevo escenario de control estadounidense.
El endurecimiento de la política de Washington incluyó la incautación de un supertanquero que transportaba crudo venezolano bajo sanciones y el intento de intercepción de otros dos buques relacionados con ese comercio. Uno de ellos, el Bella 1, un petrolero con bandera panameña, fue identificado por autoridades estadounidenses como parte de una red utilizada para evadir sanciones.
Documentos internos muestran que solo un cargamento de gran escala, de 1,9 millones de barriles de crudo pesado, fue transferido recientemente a un buque sancionado en el puerto de José. No había otros supertanqueros programados para cargar con destino a Asia, el principal mercado del petróleo venezolano.
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Al mismo tiempo, aumentó el número de buques ya cargados que no han podido zarpar, lo que dejó crudo varado mientras los compradores exigen mayores descuentos para asumir riesgos legales y operativos.
Un funcionario confirmó que la Guardia Costera mantiene una “persecución activa” contra el navío y que este se encontraba bajo orden judicial de incautación.
Estas acciones se enmarcan en el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. La medida busca cortar las fuentes de financiamiento del régimen de Maduro y reforzar el cumplimiento de las sanciones internacionales.
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Desde agosto, Estados Unidos también incrementó su presencia militar en el Caribe y el Pacífico oriental dentro de una campaña antidrogas que, según Washington, apunta a redes vinculadas al poder en Caracas.
La dictadura chavista rechazó las operaciones estadounidenses. El canciller del régimen, Yván Gil, calificó las incautaciones como ilegales, mientras que China expresó preocupación por las intercepciones de buques vinculados a cargamentos destinados a su mercado.
Sin embargo, Washington sostiene que las acciones se ajustan al marco legal de las sanciones vigentes y buscan frenar esquemas de evasión utilizados por el régimen venezolano.
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En contraste, los envíos autorizados bajo licencias específicas continuaron. Chevron, principal socio extranjero de PDVSA, exportó un cargamento de 500.000 barriles hacia la costa del Golfo de Estados Unidos. La ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, reconoció que esas entregas no se interrumpieron.
Según datos marítimos, Chevron ha enviado varios cargamentos este mes bajo la autorización estadounidense.
Las medidas también repercutieron en los mercados energéticos. Los precios internacionales del petróleo subieron más de 2% ante el temor a interrupciones de suministro, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas.
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Para Washington, el endurecimiento del control marítimo refuerza la presión sobre el régimen de Maduro y busca limitar su capacidad de sostenerse con ingresos petroleros fuera de los canales permitidos.
(Con información de Reuters y EFE)