El activista venezolano Manuel Finol, quien ejerce como gerente de Amnistía Internacional Venezuela (AI), fue retenido el jueves por varias horas en el aeropuerto de Maiquetía por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), según denunció públicamente la organización Amnistía Internacional a través de sus redes sociales.
La retención se produjo cuando Finol se disponía a viajar desde Caracas y, de acuerdo con lo comunicado por la ONG, las autoridades informaron que el activista sería sometido a revisiones de su teléfono móvil y trasladado bajo custodia. Fuentes de Infobae en AI confirmaron que el dirigente fue liberado después de las revisiones.
Amnistía Internacional expresó, mediante un comunicado publicado en X, que la detención de Finol fue calificada como “arbitraria” y solicitó el apoyo de la comunidad nacional e internacional para exigir su liberación inmediata e incondicional. La organización resaltó la trayectoria de Finol tanto en el ámbito artístico como en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, y remarcó la urgencia de su liberación ante la falta de información oficial sobre los motivos de la retención.
Amnistía Internacional ha registrado reiteradamente el uso de detenciones arbitrarias y otros abusos como parte de un patrón estable de represión por parte de las autoridades venezolanas. En recientes informes, la organización internacional ha señalado que en el país permanecen privadas de libertad personas por motivos políticos o debido a su labor en la defensa de los derechos humanos, en circunstancias que incumplen estándares internacionales sobre debido proceso y libertad personal. El caso de Manuel Finol, según Amnistía Internacional, ocurre en un contexto donde la criminalización del activismo y la vigilancia sobre la sociedad civil siguen siendo hechos recurrentes que caracterizan a la dictadura chavista de Nicolás Maduro.
Menos de un día antes de la retención de Finol, la cuenta oficial de Amnistía Internacional en X publicó un mensaje en el que solicitó la liberación inmediata de varios presos políticos, entre quienes se encuentran Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Kennedy Tejeda. La organización indicó que estas personas fueron detenidas por su trabajo en la defensa, educación o promoción de los derechos humanos, y reiteró su demanda de libertad inmediata, resaltando la continuidad de las acciones de hostigamiento contra defensores y organizaciones independientes en Venezuela.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo responsable de la detención de Finol en el aeropuerto de Maiquetía, ha sido señalada en distintos informes internacionales por su rol en violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Diversos gobiernos y organismos como Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a funcionarios de la DGCIM, a quienes acusan de participar en represión política, tortura y detenciones arbitrarias. Conforme a los reportes del Departamento del Tesoro estadounidense, la agencia ha sido utilizada como un mecanismo de control político dirigido por altos funcionarios vinculados al Ejecutivo, empleando la vigilancia y la persecución contra disidentes como estrategias de coerción.
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