La ONG venezolana Súmate, enfocada en asuntos electorales, informó que Nélida Sánchez, su coordinadora nacional de Formación, permanece detenida desde hace un año. Según el comunicado de la organización, Sánchez es víctima de “indefensión judicial” y el proceso judicial presenta varias irregularidades que, según Súmate, lo vuelven “nulo”.
El texto señala que a Sánchez se le imputan delitos como instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, basados en “pruebas falsas forjadas por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en el acta policial para justificar su detención”. Súmate destaca que estas pruebas consisten en dos mensajes publicados en la red social X en fechas posteriores a su detención, mensajes que, afirma la organización, “nunca emitió y que no aparecen en su cuenta personal”.
La organización añade: “Con esta actuación, con clara parcialidad y sin independencia de la administración de justicia en contra de la ciudadana venezolana Nélida Sánchez, incurrió en el vicio judicial de falso supuesto, por lo tanto, violentó de forma explícita y flagrante su derecho humano al debido proceso”.
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Súmate relata que la activista fue arrestada el 26 de agosto del año pasado, “sin orden judicial y bajo engaño en la ciudad de Los Teques, estado Miranda (norte)”. Posteriormente, fue trasladada al centro de detención de El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, donde continúa recluida.
Según el comunicado, la privación de libertad ha generado en Sánchez daños graves e irreparables a su salud física y mental. Súmate indica que ella enfrenta hipertensión, insuficiencia venosa, taquicardia y fibromialgia y que recientemente fue diagnosticada con síndrome de estrés postraumático en prisión.
La ONG sostiene que “el Estado venezolano, específicamente el órgano del poder público encargado de administrar la justicia, le ha violado derechos humanos fundamentales como la libertad personal, la atención oportuna a una vida saludable, la presunción de inocencia, el ejercicio de la defensa por sus abogados de confianza y ser oída con las debidas garantías”.
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Datos de la ONG Foro Penal señalan que en Venezuela hay 816 presos políticos, la mayoría encarcelados tras las protestas por el resultado de las elecciones presidenciales del año pasado, en las que se proclamó la victoria de Nicolás Maduro.
El Estado venezolano sostiene que no existen personas detenidas por razones políticas en el país y que quienes permanecen recluidos han cometido delitos, una versión rechazada por diferentes ONG y líderes opositores.
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