A una semana del asesinato del influencer venezolano Gabriel Jesús Sarmiento durante una transmisión en vivo en la ciudad de Maracay, el régimen de Nicolás Maduro ha centrado su estrategia en desligar a los cuerpos policiales del crimen, pese a las denuncias que apuntan a posibles vínculos entre agentes del Estado y el crimen organizado.
El fiscal general Tarek William Saab informó el domingo sobre la detención de una mujer, presunta cómplice del homicidio, a quien se le imputarán delitos de homicidio calificado, asociación agravada y terrorismo, en calidad de cooperadora inmediata. Saab también anunció que el Ministerio Público ha solicitado órdenes de captura contra los presuntos autores materiales, identificados como dos hombres, que enfrentarán los mismos cargos.
De esta forma, el chavismo intenta nuevamente aprovecharse de la censura que impera en Venezuela para controlar la narrativa en torno al asesinato de Sarmiento. La jugada pretende desvincular a los cuerpos de seguridad del escándalo y desactivar las sospechas sobre posibles alianzas entre el Estado y las bandas criminales. La acusación de “terrorismo” como parte de los cargos contra los presuntos responsables permite al régimen justificar detenciones sin abordar los posibles nexos internos.
Sin embargo, las autoridades han evitado referirse a las acusaciones de la víctima sobre amenazas previas por parte de bandas criminales y presuntos funcionarios policiales, difundidas por Sarmiento antes de ser asesinado. En un video que se hizo viral en redes sociales, el joven de 25 años pedía auxilio al Sebin —la policía política del chavismo—, asegurando ser perseguido por miembros de las bandas Tren de Aragua y Tren del Llano.
Durante la transmisión en TikTok, Sarmiento fue asesinado por hombres armados que irrumpieron en su casa. El video muestra cómo, tras dar su dirección exacta en vivo, dos sujetos entran a la vivienda y uno de ellos le dispara varias veces. De fondo se oyen gritos desesperados de una mujer, que se presume se encontraba con la víctima en el momento del ataque.
El lunes pasado, Saab había anunciado que la Fiscalía 69 con competencia nacional contra la delincuencia organizada investigaría el caso. En esa ocasión reconoció que Sarmiento había denunciado amenazas de Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) y de agentes policiales. No obstante, en su declaración más reciente omitió cualquier mención a esas denuncias, y centró el enfoque en acusaciones por terrorismo.
Por su parte, Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen, calificó como una “maniobra de la oposición” la vinculación de policías en el crimen. “Pretenden hacer creer que el país está en caos. Ya sabemos quiénes lo mataron, están identificados y hay algunos capturados”, dijo Cabello en su programa en YouTube. Según el ministro, se trataría de “hechos producidos” con fines políticos.
Pero el historial de Sarmiento y el contexto en el que se produjo el asesinato plantean dudas sobre la narrativa oficial. El joven había nombrado directamente al líder del Tren de Aragua, Héctor “Niño” Guerrero, y denunciado su complicidad con autoridades del Estado. También cargaba con un historial controvertido: tenía denuncias por acoso presentadas por ex parejas y había estado detenido por esas causas, aunque fue liberado días después.
Más allá del crimen individual, el asesinato de Sarmiento reaviva las alarmas sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones venezolanas. El Tren de Aragua, surgido entre 2004 y 2005 en la cárcel de Tocorón durante el gobierno de Hugo Chávez, se ha transformado en la mayor megabanda del país. Su estructura de tipo “franquicia” —según la Fundación TAEDA e IBI Consultants— le ha permitido expandirse por toda América Latina aprovechando rutas migratorias, sobornos y vacíos institucionales.
La organización opera en tráfico de drogas, trata de personas y sicariato, y ha sido señalada por su implicación en el secuestro y asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda en Chile. Una investigación de la fiscalía chilena apuntó incluso a altos funcionarios del régimen de Maduro como gestores del crimen, con menciones específicas a Cabello y a pagos realizados al propio Niño Guerrero.