La ONG Foro Penal informó este martes que el régimen de Nicolás Maduro mantiene a 927 personas encarceladas por razones políticas, según contabilizó en su último balance. La cifra expone un incremento de cinco individuos en comparación con la semana anterior, lo que da cuenta de la persistencia ola de persecución y represión en el país.
Del total, 831 son hombres y 96 son mujeres, en tanto que 922 son adultos y cinco, adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.
Asimismo, 758 son civiles y 169 fueron identificados militares, y 82 cuentan con doble nacionalidad.
La mayoría de estas detenciones se produjeron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, declaró como ganador a Nicolás Maduro, pese a que la oposición expuso que el pueblo había votado en favor de Edmundo González Urrutia.
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Sin embargo, en un intento por afianzarse en el poder, el Palacio de Miraflores inició una intensa ola de represión y persecución, que derivó en miles de arrestos arbitrarios, que forman parte de los 18.409 casos documentados por Foro Penal desde 2014.
En tanto continúa esta política de “terrorismo de Estado”, según la definió la propia líder opositora, María Corina Machado, el chavismo arremetió también contra organizaciones de derechos humanos en el país.
El pasado miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó a varias organizaciones no gubernamentales -incluidas Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible- de formar parte de una supuesta “estructura terrorista” y de estar involucradas en un complot para sabotear las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, en las que la participación fue históricamente baja.
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Según aseguró entonces el chavista, las acusaciones se basaban en pruebas obtenidas de uno de los teléfonos incautados al líder opositor Juan Pablo Guanipa, también detenido recientemente y acusado de ser la cabeza de esta operación.
Así, Cabello sostuvo que un grupo terrorista relacionado con el antichavismo planeaba ataques contra las embajadas de Colombia, España, Francia y oficinas de la ONU en Caracas, con el fin de desestabilizar al régimen.
El fiscal general, Tarek William Saab, también respaldó estas acusaciones al confirmar el arresto de Eduardo Torres, abogado y miembro de Provea, por estar vinculado con los supuestos planes para “generar violencia” durante los comicios.
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En respuesta a estas acusaciones, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, se pronunció enérgicamente y apuntó que las ONG en Venezuela han sido sistemáticamente “criminalizadas y estigmatizadas”, y subrayó, por tanto, la importancia de proteger la integridad física de todos los miembros de estas entidades, para que puedan continuar con su labor sin temores de persecución política.
“Expresamos nuestro apoyo a otras organizaciones como Provea, como Médicos Unidos, que también han sido igualmente atacadas de forma injusta, criminalizadas y estigmatizadas y eso debe cesar y así lo hemos requerido ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y las diferentes entidades de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”, señaló Romero.
“En Foro Penal rechazamos (...) con firmeza que se nos llame terroristas. Nunca, jamás, hemos promovido la violencia, trabajamos con la Constitución, las leyes y los tratados en materia de derechos humanos”, insistió.
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(Con información de EFE)