Los gobiernos de Uruguay, Paraguay y la República Dominicana emitieron comunicados expresando su respaldo al reclamo de Argentina para que el régimen de Venezuela otorgue los salvoconductos a seis asilados políticos en su embajada en Caracas. Los países apelaron al respeto de los acuerdos internacionales, subrayando la urgencia de garantizar la seguridad y salud de los refugiados.
La República Oriental del Uruguay manifestó su “extrema preocupación” por la situación de los asilados políticos en la Embajada de Argentina en Caracas, quienes permanecen bajo asedio de las autoridades venezolanas. Uruguay enfatizó que la negativa de salvoconducto constituye una violación de la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. Además, exigió que se garantice la salida de los asilados sin poner en peligro su vida, libertad o seguridad personal.
Por su parte, Paraguay señaló el deterioro en la salud de los refugiados y expresó su apoyo al pedido argentino, subrayando la necesidad de otorgar salvoconductos “en el menor tiempo posible”.
En su comunicado, alertó sobre el “deteriorado y delicado estado de salud” de los seis asilados, lo que refuerza la urgencia de una solución humanitaria. Paraguay también instó a Venezuela a cumplir con la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, respetando el derecho internacional.
En ese mismo sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREXRD) se solidarizó con el reclamo argentino, instando a las autoridades venezolanas a actuar conforme al derecho internacional público. En su mensaje, resaltó que la solicitud de salvoconducto responde tanto a las normativas legales como a principios de humanidad y sensatez. República Dominicana hizo un llamado a Venezuela para que permita la salida segura y expedita de los refugiados.
También el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica calificó como inaceptables las acciones del régimen de Maduro contra los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Costa Rica exigió la emisión inmediata de salvoconductos para garantizar la salida segura de los asilados, en cumplimiento de las normativas internacionales.
El gobierno costarricense recordó a Venezuela sus compromisos bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, que obligan a respetar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y proteger los derechos de las personas asiladas. Asimismo, destacó la importancia del asilo diplomático como una figura histórica en América Latina, haciendo un llamado urgente al régimen de Maduro para que respete estas obligaciones y garantice el pleno respeto de los derechos humanos de los asilados.
Este lunes se cumplen 17 días desde el inicio del último asedio a la residencia diplomática de la Embajada de Argentina en Caracas, donde permanecen refugiados seis opositores venezolanos desde marzo de este año. La situación, marcada por cortes de suministros básicos, amenazas y violaciones al derecho internacional, ha generado preocupación y condenas internacionales.
Los refugiados y el contexto político. En la sede diplomática, protegida actualmente por Brasil, se encuentran Magalli Meda, Omar González, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Fernando Martínez Mottola. Todos enfrentan acusaciones de conspiración y traición a la patria por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El asedio comenzó el pasado 23 de noviembre, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela luego de que el presidente argentino, Javier Milei, desconociera la reelección de Maduro en julio. Desde entonces, Brasil asumió la custodia de la sede diplomática.
Cortes de energía y agua. Desde el inicio del asedio, Corpoelec, la empresa estatal de electricidad, retiró los fusibles de la sede, dejando a la embajada sin suministro eléctrico. Aunque los refugiados cuentan con una pequeña planta eléctrica, esta solo funciona durante unas pocas horas al día, afectando la conservación de alimentos y el funcionamiento de equipos básicos, que ya presentan fallas.
El suministro de agua también ha sido restringido. Desde el 27 de noviembre, las autoridades impiden la entrada de camiones cisterna, dejando a los refugiados con reservas mínimas de agua potable. La embajada enfrenta ahora una crisis humanitaria agravada.
Adicionalmente, se han documentado sobrevuelos de drones sobre la sede, el bloqueo de señales de comunicación y restricciones a la entrega de alimentos. Según declaraciones de Pedro Urruchurtu, los agentes han intensificado el asedio en los últimos días, calificando estas acciones como “prácticas de terrorismo de Estado”.
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