El abogado de la activista venezolana Rocío San Miguel denunció este miércoles que, desde hace casi 20 días, su cliente está detenida injustamente y en un estado de “total indefensión”, producto de las falsas acusaciones del régimen de Nicolás Maduro de vinculaciones con un supuesto plan conspirativo para atentar contra su vida.
Joel García apuntó, además, que desde el momento de su arresto, el pasado 9 de febrero, tanto San Miguel como su esposo, Alejandro José González Canales, se encuentran en completa “incomunicación”, que preocupa a su entorno.
“Si bien es cierto que Miranda Díaz -hija de Rocío San Miguel- pudo comunicarse con ella el día 18 de febrero, no es menos cierto que hasta la presente fecha no ha habido comunicación (letrada) alguna y, en el caso de Alejandro González Canales, nunca ha tenido comunicación con sus familiares directos, ni hijos, ni parientes, ni amigos; es decir, esta totalmente incomunicado”, dijo ante la prensa.
Por otro lado, el equipo defensor sumó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y los oficiales penitenciarios incumplen su palabra y no trasladan a la activista desde su celda en El Helicoide a un espacio en el que pueda conversar con ellos en privado, por lo que no han podido acceder al expediente de la causa.
Es por ello que el letrado exigió a las autoridades judiciales que no sólo respeten los derechos fundamentales durante la privación de la libertad de los acusados sino que, también, les permitan el acceso a una defensa de confianza con la que “demostrar, en un juicio oral y público, quién tiene la razón”.
San Miguel fue detenida a principios de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Caracas, cuando se disponía a abordar un vuelo fuera del país junto a su familia. El fiscal general, Tarek William Saab, que no confirmó su arresto hasta días más tarde, finalmente el pasado 19 de febrero dio a conocer las acusaciones formales contra la activista. Según dijo el chavista, San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, sin detallar cuáles eran estos.
En tanto, a González Canales, un coronel retirado, se le adjudica la revelación de “secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación”.
No obstante, la oposición venezolana y la comunidad internacional expresaron su rechazo a estos arrestos y los definieron como una maniobra más de Maduro y su gabinete para silenciar voces disidentes. En total, más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil locales rechazaron estas “detenciones arbitrarias” y exigieron su liberación inmediata.
“Mi tía es inocente y nosotros creemos que debe ser puesta en libertad si tiene acceso a un proceso y a la debida defensa”, dijo su sobrina, Marinelly Díaz, exiliada en Madrid. “Necesitamos que sigan apoyándonos hasta que Rocío pueda regresar a su libertad”, agregó a continuación en declaraciones a la prensa de Madrid.
Por su parte, Estados Unidos, que accedió a levantar algunas sanciones sobre Caracas a cambio de garantías electorales y democráticas, manifestó su profunda preocupación por lo ocurrido y reiteró a Maduro que “necesita cumplir con los compromisos que asumió sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de oposición”.
(Con información de EFE)