El equipo legal de la activista venezolana Rocío San Miguel, detenida desde el pasado viernes por estar “presuntamente vinculada” con una trama conspirativa para asesinar a Nicolás Maduro, denunció este miércoles el allanamiento de la vivienda de la también abogada.
“Tememos que pudieran estar sembrando evidencias”, dijo la defensa de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, que denunció que el allanamiento se llevó a cabo a partir de las 18:55 hora local (22:55 GMT).
Señaló que en el lugar se encontraba Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista, quien también fue detenida, aunque posteriormente excarcelada con “prohibición de salida del país” y “de declarar a los medios”, junto con otros tres allegados de la defensora de DDHH, entre ellos dos hermanos.
Este martes, los tribunales decretaron la privación de libertad contra la activista, así como también contra Alejandro José González Canales, ex pareja de San Miguel, según confirmó uno de los abogados.
La presidenta de Control Ciudadano fue detenida el viernes pasado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pero su arresto fue confirmado el domingo por el fiscal, Tarek William Saab, por lo que su defensa insiste en que se trata de una “desaparición forzosa”.
Sin embargo, el fiscal negó este miércoles que se haya configurado una “desaparición forzada”, y aseguró que se procedió a la detención porque la activista “aparece textualmente mencionada” en una orden de operaciones de la trama conspirativa denominada ‘brazalete banco’, con la que se pretendía atentar contra el jefe de Estado y otros altos funcionarios.
Una treintena de miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela rechazaron este miércoles la detención de la activista, un hecho que catalogaron como un “ataque feroz” al espacio cívico y a los defensores de derechos humanos.
Quién es Rocío San Miguel
Rocío Del Carmen San Miguel Sosa nació en Caracas, Venezuela, el 6 de mayo de 1966. Esta abogada y activista de derechos humanos es la presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental sin fines de lucro creada el 16 de marzo de 2005; cuya misión es promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional.
En los últimos años, San Miguel fue blanco de repetidas acciones de hostigamiento y difamación por parte de altos funcionarios del régimen chavista. Desde acusaciones formales hasta amenazas personales, la defensora de los DDHH vivió bajo una intensa presión debido a su labor de supervisión en temas de seguridad nacional y defensa.
En particular, se destaca el suceso ocurrido el 18 de enero de 2012 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección, una decisión que subraya la gravedad de los riesgos que enfrenta a diario.
Comenzó su carrera en el sector público en el año 2000, trabajando inicialmente en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela, para luego adentrarse en el ámbito de la defensa y seguridad nacional.
Su expulsión del ministerio por cuestiones políticas marcó el inicio de una travesía como defensora y vigilante de los procesos militares y de seguridad en el país, fundando Control Ciudadano. Esta ONG se dedica a monitorear la actuación estatal en áreas críticas para la vida pública venezolana, incluyendo el cumplimiento de compromisos internacionales como el Estatuto de Roma y las recomendaciones de la CIDH.
A lo largo de su carrera, San Miguel ocupó puestos de relevancia como investigadora en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación, asesora en el Consejo Nacional de Fronteras y consultora jurídica, además de roles académicos en instituciones militares de educación superior.
Sin embargo, su trabajo ha provocado la ira de figuras gubernamentales, enfrentándose a difamaciones públicas y acusaciones peligrosas, incluyendo ser tildada de “espía” y de participar en intentos de golpe de Estado, lo cual fue acentuado en unas declaraciones del dictador Nicolás Maduro en marzo de 2014.
El hostigamiento no se limitó a San Miguel. Su familia también fue objeto de acciones intimidatorias, como el allanamiento a la residencia de su hermano José Manuel en junio de 2012 por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).