El régimen de Nicolás Maduro, a través de su canciller, Yvan Gil, rechazó la decisión de la justicia argentina del decomiso definitivo del avión iraní de Emtrasur, retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio de 2022. La aeronave sería trasladada finalmente a Estados Unidos.
El decomiso había sido pedido por la justicia argentina y el Gobierno de Estados Unidos en base a la transferencia irregular por parte de la aerolínea iraní Mahan Air a Emtrasur.
“La República Bolivariana de Venezuela rechaza y condena de manera categórica la decisión, a todas luces, servil a intereses imperiales, tomada por el juez federal argentino Federico Villena, que intenta consumar el robo de la aeronave venezolana perteneciente a la compañía Transporte Cargo del Sur (EMTRASUR), secuestrada desde el mes de junio de 2022 en la República Argentina”, escribió Gil en su cuenta de X (antes Twitter).
De acuerdo con la dictadura venezolana, “el Estado argentino se sometió a los poderes del imperialismo estadounidense y violó flagrantemente el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Carta de Naciones Unidas, el Convenio Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela y otros acuerdos relativos a la Navegación Aérea Internacional y Derechos Humanos”.
Según el chavismo, se demostró ante todas las instancias jurídicas y políticas internacionales, la posesión legal y legítima de la referida aeronave, dedicada al servicio de transporte de insumos de primera necesidad en nuestra región. Sin embargo, la justicia argentina demostró, con base en pruebas sólidas, que la transferencia fue irregular.
“La conducta de pillaje, piratería y vasallaje de la justicia y gobierno argentinos, transgreden su propia legislación y convierten a dicha nación, en un grave infractor de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica”, afirma el régimen de Maduro, a través de su cancillería, en comunicado publicado este miércoles.
“La República Bolivariana de Venezuela efectuará todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas para salvaguardar los derechos que le asisten. En tal sentido, alerta a la comunidad internacional, y en especial a los países latinoamericanos, que cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo, será debidamente interpretada como un acto hostil, de soporte al comportamiento vandálico en contra de un país soberano”, finaliza el comunicado.
Lo que dice la Justicia argentina
“La aerolínea iraní Mahan Air, también conocida como Mahan Airlines y Mahan Airways (Mahan Air), hizo una transferencia del Boeing a la aerolínea venezolana Empresa de Transporte Aérocargo del Sur, S. A. (EMTRASUR) y, después, EMTRASUR reexportó el Boeing a destinos que incluyen Irán y Rusia, todo ello en violación de la ley estadounidense, específicamente la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones (en adelante ECRA, por sus siglas en inglés) de 2018, sección 4801 y siguientes del título 50 del Código de los Estados Unidos”, decía el pedido de colaboración que llegó a la Argentina a mediados del año pasado.
Otro argumento expuesto por la justicia estadounidense es una Orden de Denegación Temporal (TDO) emitida por el Departamento de Comercio de ese país por la que se denegaban los privilegios de exportación de Mahan Air. “La TDO prohibía ampliamente a Mahan Air y/o a otras personas o empresas que actuaran para o en nombre de Mahan Air, directa o indirectamente, participar en cualquier transacción de exportación o comprar o vender cualquier artículo exportado o que fuera a ser exportado desde Estados Unidos y que estuviera sujeto a las EAR, como las aeronaves fabricadas en Estados Unidos”, detalla el pedido de colaboración.
Esa TDO es de 2018 pero se renovó varias veces. La última renovación fue el 13 de mayo de 2022.
La semana pasada, la fiscal federal de Lomas de Zamora (Argentina), Cecilia Incardona, avaló el decomiso del avión iraní-venezolano, lo que le permitiría su traslado definitivo a Estados Unidos. “Resulta importante subrayar que nos encontramos frente a un proceso de cooperación internacional, en el que no caben planteos respecto del fondo de la cuestión, los cuales deben formularse ante la autoridad judicial competente en el país requirente”, sostuvo.