La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) definió no dar lugar al recurso de apelación presentado por el régimen de Nicolás Maduro, con el que buscaba suspender las investigaciones del fiscal Karim Khan en el país.
Los Jueces analizaron el escrito presentado por la dictadura chavista pero coincidieron en el rechazo de los tres argumentos, por lo que las actividades de la Corte seguirán en pie y no se verán interrumpidas.
Luego de que el pasado 27 de junio la CPI autorizara al funcionario a reanudar sus actividades tras los reiterados indicios y denuncias por crímenes de lesa humanidad, el régimen de Maduro apuntó contra la decisión en un intento por evitar su avance.
En ese sentido, señaló, en primer lugar, que la reanudación de las tareas de Khan en el país tendrían consecuencias irreversibles sobre el Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Ejecutivo y la Oficina del Fiscal.
Sin embargo, la Sala explicó que el acuerdo no se vería alcanzado ya que se trata de dos facultades distintas del organismo: las investigativas y las de cooperación y asistencia técnica.
Por otro lado, sostuvo que el régimen no logró dar respuestas certeras sobre cuáles son las consecuencias irreversibles que asegura que las acciones tendrían dado que, inclusive, la CPI mantiene su compromiso en materia de cooperación con las autoridades de Venezuela.
En segundo lugar, el régimen apuntó a que la reanudación de la investigación el pasado 27 de junio -dado que era de carácter inmediata- anularía el propósito del recurso de apelación ya que, para ésto, se contempla una ventana de tiempo hasta el 14 de agosto. También, en dicha instancia plantearía que los hechos en la mira de la CPI no son de su competencia.
Los jueces respondieron a estos argumentos señalando que, nuevamente, los funcionarios chavistas no lograron explicar cómo la reanudación de las tareas frustraría el propósito del recurso, en caso de que la Sala de Apelaciones determinara que la Corte carece de competencia. Asimismo desconocieron las consecuencias irreversibles que denuncian.
Por último, Maduro mencionó que las indagaciones de Khan podrían conllevar entrevistas con testigos y presuntas víctimas que generarían “un trauma innecesario y mancillarían la integridad de la evidencia”.
Al respecto, los magistrados apuntaron que el chavismo sólo especula sobre las repercusiones de las tareas del organismo pero no logra precisar cuáles serían las graves consecuencias que presentaron en el escrito.
La Sala de Apelaciones halló contradictorio, a su vez, que el régimen venezolano se muestre preocupado por sus habitantes e intente salvaguardar su integridad ante traumas “innecesarios” mientras, durante décadas, les negó el acceso a derechos básicos e interfirió en sus búsquedas por la verdad, la Justicia, la reparación y la no repetición.
La decisión de los magistrados de la CPI se alcanzó en un lapso de tres semanas desde la presentación de la apelación, lo que deja de relieve el compromiso del organismo por reducir las demoras en estas cuestiones, ya que en casos como el de Filipinas, este proceso ha tomado hasta dos meses.
Descartado el cese de las tareas, ahora Khan continuará en su búsqueda de evidencias sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en el país, luego de que concluyera que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” de estos episodios y tras registrar “períodos de inactividad inexplicables”.
Inclusive, estas investigaciones parecen estar enfocadas, generalmente, “en perpetradores directos y/o de menor nivel” y no “abordan suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar”.
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