La Policía Nacional informó que diez personas fueron detenidas en Barahona por presuntos delitos de homicidio, violencia intrafamiliar, drogas, robos, asaltos y estafa, durante operativos desarrollados en las últimas 24 horas. Entre los procedimientos, los agentes recuperaron un televisor que había sido denunciado como robado en Pedernales.
Según informó el vocero policial, Diego Pesqueira, uno de los arrestados es Eloy Feliz García, conocido como Eloy La Pámpara, de 28 años. Las autoridades lo señalan como presunto cómplice en la muerte del ciudadano haitiano Peterson Dilat, de 32 años. El supuesto autor material del crimen, Junior Antonio Montero, alias Pachongo, permanece prófugo.
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El caso se investiga bajo las disposiciones del nuevo Código Penal de República Dominicana, instituido por la Ley 74-25 y modificado por la Ley 44-26, que entró en vigencia en agosto de 2026. El artículo 91 establece que quien mate de forma intencional a otra persona comete homicidio y prevé una pena de 10 a 20 años de prisión mayor, además de una multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público.
La sanción aumenta si se acreditan circunstancias agravantes, como la premeditación, la acechanza, actos de barbarie o tortura, o determinados vínculos entre víctima y acusado. En esos casos, el artículo 92 contempla penas de 30 a 40 años de prisión mayor y multas de 50 a 1,000 salarios mínimos del sector público.
La Policía también apresó a José Antonio Batista Méndez, de 36 años, acusado de herir de bala en el brazo derecho a un joven de 19 años. La información difundida no precisa las circunstancias del hecho ni el estado de salud de la víctima.
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El Código Penal castiga las lesiones voluntarias y distingue las sanciones según la gravedad del daño, el uso de armas y otros elementos que deberá establecer la investigación. La calificación jurídica definitiva corresponde al Ministerio Público y a los tribunales, a partir de las pruebas que se incorporen al expediente.
En los operativos participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Allí fueron detenidos Luis Sánchez, alias Papito, de 62 años; Alexander Mesa Mateo, de 46; y Adrián Israel Matos Duarte, alias Pirulo, de 24. A los tres les ocuparon sustancias que las autoridades identificaron de forma preliminar como presunta cocaína y marihuana.
Los delitos vinculados con sustancias controladas se rigen por la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, una normativa especial que continúa vigente. La clasificación de los hechos depende, entre otros factores, del tipo y la cantidad de droga ocupada, así como de la eventual existencia de indicios de distribución o tráfico. El análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) deberá confirmar la naturaleza y el peso de las sustancias.
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El Código Penal contempla penas de hasta 20 años por robos agravados
El reporte policial indicó que los demás arrestados están vinculados con denuncias por agresiones y amenazas, asaltos a mano armada, robo de motocicletas, sustracción y comercialización de una computadora, además de robo de productos agrícolas.
El artículo 224 del Código Penal define el robo como la sustracción de bienes ajenos y fija para la figura básica una pena de uno a dos años de prisión menor, junto con una multa de tres a seis salarios mínimos del sector público. La ley contempla una escala superior cuando concurren agravantes.
El robo agravado, previsto en el artículo 225, se castiga con cinco a 10 años de prisión mayor. La pena puede llegar de 10 a 20 años en circunstancias de mayor gravedad, reguladas en el artículo 226. El uso de armas, la violencia contra las personas, la actuación de varias personas o la comisión nocturna pueden incidir en la calificación del hecho, según el caso.
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El Código también sanciona el comercio de objetos robados. Quien venda, intercambie, empeñe o trafique bienes de origen ilícito puede recibir una pena de cinco a 10 años de prisión mayor y una multa de 20 a 30 salarios mínimos del sector público.
La estafa, por su parte, está tipificada en el artículo 237. La norma castiga con tres a cinco años de prisión menor a quien utilice una identidad falsa o maniobras fraudulentas para inducir a otra persona a entregar dinero, bienes, activos digitales o servicios. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para localizar a los prófugos.
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