Un tribunal de Santiago condenó a seis integrantes de una red que traficaba armas de alto calibre y las distribuía desde el municipio de Licey al Medio hasta la ciudad de Moca, en un caso que terminó con penas de hasta 10 años de prisión, multas y el decomiso de armamento, vehículos, equipos electrónicos y dinero en efectivo.
La operación permitió ocupar 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock calibre 9 milímetros, además de tres revólveres, dos escopetas y 700,000 pesos en efectivo.
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Durante los allanamientos también fueron hallados varios tanques con caletas o doble fondo, que presuntamente se utilizaban para transportar las armas.
Según Noticias SIN, el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago impuso las condenas tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público sobre las operaciones de la estructura criminal, dedicada al tráfico, almacenamiento y distribución ilegal de armamento.
Hornandys Emmanuel Cruz Almonte recibió la pena más alta: 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago. Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez y Félix Francisco Vásquez Peralta fueron sentenciados a seis años de prisión cada uno y deberán cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca.
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Rosalba María Estrella López fue condenada a cinco años de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de varias reglas. Marcos de Jesús Diplán Diplán recibió tres años de prisión suspendida y el pago de 25 salarios mínimos del sector público.
El tribunal también impuso multas de entre 50 y 75 salarios mínimos del sector público a los condenados. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 16 de octubre.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los procesados se asociaron para introducir armas de contrabando al país, almacenarlas y distribuirlas después a otras organizaciones criminales. La estructura también obtenía recursos económicos de la comercialización ilegal del armamento.
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La investigación estableció que los miembros de la red adquirían las armas en Estados Unidos y luego las enviaban a República Dominicana mediante compañías de envío. Una vez en territorio dominicano, eran trasladadas a centros de acopio ubicados en Licey al Medio, Santiago y Moca, desde donde se redistribuían.
Durante el juicio, la fiscal Aida Medrano Gonell expuso ante el tribunal la modalidad usada por la organización y el papel de cada uno de sus integrantes. Según la publicación, varios de los procesados tenían vínculos familiares y utilizaban sus propias viviendas y las de sus padres para almacenar el armamento.
La operación interagencial se ejecutó con autorizaciones judiciales después de más de un año de vigilancia, rastreo y recopilación de información sobre los métodos empleados para introducir las armas al país. En las pesquisas participaron unidades especiales de la Policía Nacional, incluido el equipo SWAT y la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional, con cooperación del FBI de Estados Unidos.
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El caso incluyó cargos por asociación de malhechores y tráfico ilícito de armas
Los condenados fueron hallados responsables de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, referidos a la asociación de malhechores.
También fueron declarados culpables de infringir varios artículos de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que sancionan la tenencia, el tráfico y el acopio ilícito de armas de fuego.
Por este mismo expediente también fue procesado Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, quien resultó absuelto por el tribunal.
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