En el día de la fecha, se publicó en el Boletín Oficial la aceptación a la renuncia presentada por Daniel Vítolo. El doctor mantenía su puesto como Inspector General de Justicia (IGJ) y el 6 de marzo fue su último día. Además, el Gobierno presentó quién será el reemplazo tras el cambio de titular.
El presidente de la Nación Argentina dispuso mediante el Decreto número 14417/26 publicado el 12 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina, aceptar la renuncia del doctor Daniel Roque Vítolo al frente de la Inspección General de Justicia.
El cambio de titularidad ya es vigente y se designó a el doctor Alejandro Horacio Ramírez como nuevo inspector general de Justicia según lo establecido en la resolución oficial comunicada por la Secretaría de Justicia, dependencia del Ministerio de Justicia, ambos organismos del gobierno nacional. La medida, firmada por Javier Milei y Juan Bautista Mahiques, incluye un agradecimiento a los servicios prestados por el funcionario saliente.
Vítolo, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y profesor titular de Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires, había llegado a la IGJ tras ser designado por el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Reconocido por su perfil técnico y académico, participó en la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en 2014 y en reformas de leyes clave como la de quiebras. Al frente de la IGJ priorizó el control sobre entidades de alta visibilidad pública, entre las que la AFA ocupaba un lugar central.
La renuncia de Vítolo
La gestión de Vítolo se caracterizó por avanzar con observaciones a los balances de la AFA, intimaciones por la ausencia de documentación durante años y solicitudes formales para designar veedores externos que fiscalicen la estructura económica del fútbol profesional. El alcance de sus investigaciones incluía también a la Superliga, la entidad que manejó cerca de USD 348 millones en derechos audiovisuales entre 2020 y 2024.
Antes de presentar su renuncia a la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores encargados de auditar nuevos negocios vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La solicitud se enfoca en la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. La resolución fue el último acto de Vítolo en el cargo, quien fue reemplazado por Alejandro Ramírez.
El expediente, enviado al Ministerio de Justicia el jueves cuando Vítolo aún estaba en funciones, traslada la decisión final sobre la designación de veedores al nuevo titular de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien asumió ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La renuncia se formalizó el viernes 6 de marzo de 2026 ante el presidente Milei, luego del pedido del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien había asumido recién el día anterior y empezó a impulsar cambios en organismos relevantes del área. En su carta de dimisión, Vítolo expresó su orgullo por la gestión realizada, aunque lamentó no haber llegado a completar investigaciones en “ámbitos considerados intocables”, una alusión interpretada como un mensaje sobre el poder del fútbol argentino.
El reemplazo de Vítolo en la IGJ recae ahora sobre Alejandro H. Ramírez y plantea nuevas incógnitas sobre la continuidad y profundidad de las investigaciones sobre cuentas, balances y contratos de las Sociedades Anónimas Deportivas que atraviesan el corazón económico del deporte más popular del país.
La resolución de la IGJ amplía el marco de investigación sobre la administración del fútbol argentino. Previamente, la IGJ ya había solicitado la designación de veedores en la AFA por presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y la existencia de vínculos económicos con empresas privadas. Ahora, la medida se extiende hacia la Superliga, cuya figura jurídica sigue vigente pese al nuevo esquema organizativo del fútbol profesional.
El nuevo pedido de la IGJ solicita la intervención de la Superliga en grado de veeduría por 180 días. Según el documento, la función de los veedores será recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional, sin desplazar a las actuales autoridades.