Hugo Moyano se endureció ante el Gobierno. Al menos, es lo que surge del pedido de reapertura de las paritarias del Sindicato de Camioneros que hizo a los empresarios: en la nota, reclama una mejora que rija desde el 1° de septiembre porque la inflación registrada en junio y julio fue superior a la suscripta en el acuerdo vigente hasta fin de mes (período junio-agosto) y “todo indica que agosto también superará las proyecciones establecidas”.
Además de solicitar un aumento para que “los trabajadores no vean aún más deteriorado su poder adquisitivo”, Moyano puso por escrito su desconfianza en la medición oficial de la inflación, al destacar su ”preocupación por la evidente brecha entre los índices inflacionarios publicados por el Gobierno y los precios reales que marcan los supermercados, en particular en los alimentos". “La compra de productos esenciales se ha vuelto cada vez más difícil para los trabajadores, lo que agrava la situación social y económica de sus familias”, afirma el líder de Camioneros en la nota.
En el texto, además, Moyano sostiene que “a la grave situación descripta se suma el desequilibrio existente entre los salarios de las distintas ramas de la actividad encuadradas en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, producto de la disparidad en los adicionales convencionales”. “Si bien en los últimos años se han registrado avances mediante el incremento de dichos adicionales en algunas ramas -resalta-, todavía persiste una diferencia sustancial en los ingresos de los trabajadores de las ramas Logística, Expreso, Mudanzas y Correo Privado. Por ello, solicitamos que se establezca un piso mínimo del 20% en los adicionales de especialidad para dichas ramas”.
El líder de Camioneros también reiteró su pedido de que los conceptos de viático y comida “adquieran carácter remunerativo, ya que su actual tratamiento perjudica a los trabajadores en el cálculo de licencias, aguinaldo, jubilación y otros beneficios”.
“Resulta inadmisible que dichos montos sean computados para el Impuesto a las Ganancias y, al mismo tiempo, no se consideren para la determinación de los haberes que corresponden legítimamente al trabajador”, señaló.
Moyano incluyó en su nota otro punto sensible: “Insistimos en la necesidad de mantener la contribución extraordinaria patronal para las obras sociales del sector, dado que los costos en salud aumentan de manera sostenida, comprometiendo la calidad y el acceso a la cobertura médica de los trabajadores y sus familias”.
Finalmente, el líder sindical pidió a los empresarios que “trabajemos en conjunto para garantizar la plena aplicación de la normativa vigente en materia de Licencias Profesionales de Conducción de vehículos de carga en todas las provincias, exigiendo los exámenes psicofísicos y los cursos de capacitación obligatorios para los choferes”. “Estas instancias no sólo resultan imprescindibles para la seguridad vial, sino también para resguardar la salud de los trabajadores que pasan gran parte de su vida en la ruta”, puntualizó.
Este último tema se vincula con el decreto dictado por Javier Milei en marzo último, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que eliminó la obligatoriedad de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), una revisación de salud e idoneidad que originalmente era monopolizada por el sindicato.
Se trata de un trámite que en sus inicios fue apodado como “registro Moyano” porque los controles de salud se realizaban en clínicas de la obra social de Camioneros.
La última paritaria que firmó Moyano, alineada con los parámetros del Ministerio de Economía, se firmó el 17 de junio pasado y consistió en un aumento del 3% en tres cuotas del 1% para junio, julio y agosto, más una suma fija de $45.000. También contempló el pago de $18.500 por trabajador como contribución de los empresarios a las dos obras sociales de Camioneros (en un universo de 100.000 afiliados, equivalió a un total de $1.850.000.000.
A priori, los números mostraban que Camioneros se volvía a alinear con la pauta salarial del Gobierno, pero surgieron inesperados cuestionamientos de una cámara que agrupan a las pymes por las dificultades para pagar la suma fija no remunerativa de $45 mil con los sueldos de junio porque el convenio firmado estableció que “se incorporará a los salarios básicos del chofer de primera categoría y proporcionalmente a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 40/89 a partir del mes de julio la suma de pesos 39.594,33″.
Según empresarios del sector, al sumar esos 39 mil pesos al básico el aumento real pasaba a ser del 6,4% en julio, y tomando en cuenta cómo fue el resto del convenio (1% en junio, 6,4% en julio y 1% en agosto, el total pactado alcanzó al 8,4%, una cifra fuera de la pauta”.
Con tantos reparos empresariales, Economía amagaba con frenar la homologación del acuerdo salarial firmado por Moyano. Pero el que salió al rescate fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que negoció con el líder de Camioneros un “acuerdo de caballeros”: el compromiso sindical de que aceptarían el pago en cuotas de los 45 mil pesos por parte de las empresas del sector que tuvieran problemas para abonarla. Así, la paritaria logró por fin su convalidación desde Trabajo.