En una resolución conjunta firmada entre el Ministerio de Seguridad y de Defensa, el Gobierno adelantó que intensificará la vigilancia y el control en las Zonas de Seguridad de Fronteras a través de la creación de una Mesa Conjunta de Coordinación de dichas carteras.
El objetivo es fortalecer las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, que buscan “la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para garantizar la soberanía e independencia, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación”.
La articulación entre defensa nacional y seguridad interior se basa en la naturaleza de las amenazas enfrentadas de agresiones externas y atiende la prevención del delito y la protección del orden público; y argumenta que la competencia primaria del Sistema de Defensa y de la Ley de Seguridad Interior se diferencia por el tipo de hecho o amenazas que enfrentan.
Según dispone el texto oficial, la flamante mesa de articulación busca garantizar la integración y la cooperación operativa para el resguardo de la soberanía, la integridad territorial y la prevención de delitos en áreas sensibles del país. La misión principal de la Gendarmería Nacional Argentina será “satisfacer las necesidades inherentes al servicio de policía que le compete, en la zona de Seguridad de Fronteras y demás lugares que se determinen al efecto en materia de: a) Policía de Seguridad y Judicial en el Fuero Federal; b) Prevención y represión de las infracciones que determinen las leyes y decretos aplicables; y c) Policía de Seguridad en la vigilancia de fronteras, protección de objetivos de valor estratégico y otras actividades afines con sus capacidades”.
Tal como especificaron en la normativa, la mesa funcionará con tres niveles de estructura. El primer nivel lo componen los titulares de Defensa y Seguridad Nacional. El segundo, las secretarías de Estrategia y Asuntos Militares y de Seguridad Nacional, respectivamente, quienes además tendrán a su cargo la dirección de la mesa y la convocatoria a reuniones ordinarias mensuales, así como la realización de informes semanales y la supervisión directa de las operaciones. El tercer nivel estará conformado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las jefaturas de las distintas fuerzas policiales y de seguridad federales.
“Dicho nivel convocará a reuniones ordinarias mensuales y podrá disponer de la realización de reuniones extraordinarias cuando lo considere pertinente, realizará informes semanales e impartirá instrucciones al Tercer Nivel”, señala el texto.
La nueva instancia tendrá como funciones centrales la “planificación, coordinación, supervisión y evaluación de las actividades conjuntas previstas en el marco de los operativos territoriales en curso de despliegue para vigilancia y control”, especialmente en puntos fronterizos determinantes para la seguridad del Estado. A fines de mayo, se incrementaron a través de un comunicado oficial los refuerzos en el límite comprendido entre Misiones y la zona sur de Brasil. La decisión se tomó por tratarse de “una parte de una frontera seca de difícil acceso, que abarca 25 kilómetros lineales, presenta múltiples retos para el control efectivo de las actividades ilícitas, como el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero”.
Además, deberá establecer protocolos y procedimientos interinstitucionales, proponer mejoras, e identificar áreas de despliegue en función de los planes anuales definidos por los mismos niveles jerárquicos. La medida también ordena que los operativos no generarán gastos presupuestarios adicionales, ya que deben ejecutarse con recursos ya asignados a cada ministerio.
El Gobierno remarcó la importancia de asegurar una coordinación estratégica capaz de optimizar la respuesta ante amenazas externas, emergencias y situaciones complejas que pudieran afectar el orden interno. Para ello, ambas carteras llevarán adelante acciones conjuntas de adiestramiento, apoyo logístico, asistencia a la comunidad y respuesta ante catástrofes o emergencias, siempre en el marco de la observancia legal y bajo protocolos consensuados.