Luego de tres meses de intentos fallidos, la Comisión Especial Investigadora sobre $Libra permanece inactiva y sin autoridades designadas. Sin embargo, la oposición rechaza darla por finalizada y denuncia un bloqueo sistemático del oficialismo para evitar que avancen las averiguaciones sobre la presunta estafa vinculada al criptoactivo y sus posibles nexos con funcionarios del gobierno.
“Quienes inicialmente votamos favorablemente para que se investigue el caso $LIBRA, queremos dejar en claro que la Comisión Especial Investigadora sobre $LIBRA no está caída ni extinguida”, aseguraron en un comunicados los diferentes bloques de la oposición.
Integrada por 28 diputados que quedaron divididos en dos grupos de 14 legisladores, la comisión fue creada con el mandato de indagar la participación de funcionarios —incluido el presidente Javier Milei— en la promoción y lanzamiento de $Libra. Sin embargo, el empate permanente impidió desde el inicio la designación de un presidente y frenó cualquier avance en la agenda investigativa.
Según la interpretación del oficialismo, el plazo de 90 días previsto para la labor de la comisión se cumplió esta semana, lo que justifica su disolución. La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados sostienen que el tiempo de funcionamiento empezó a correr desde la primera reunión, celebrada el 30 de abril, cuando no se logró elegir autoridades. La oposición, en cambio, argumenta que ese período debe comenzar una vez que la comisión esté formalmente constituida y cuente con autoridades, condición que nunca se alcanzó por la paridad en las votaciones.
Opositores de distintas bancadas, entre ellos representantes de la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, plantearon en su comunicado que la comisión no puede darse por extinguida. Atribuyen el bloqueo al oficialismo y advierten sobre “maniobras dilatorias” que buscan evitar la investigación de lazos entre el entorno presidencial y los operadores de $Libra. “No vamos a permitir que se oculte y silencie la verdad”, plantearon en el documento, a la vez que anticiparon nuevos intentos para destrabar el funcionamiento de la comisión.
En tres meses solo se concretaron tres reuniones, todas impulsadas por emplazamientos desde el pleno de la Cámara de Diputados. La paridad de fuerzas al interior de la comisión llevó a que ninguna de las candidaturas a presidente lograra imponerse. Esto motivó la presentación de un proyecto para modificar la resolución original y destrabar los empates en la designación de autoridades, redefinir el mecanismo de quórum y habilitar que el presidente dirima futuras votaciones empatadas.
El nuevo proyecto, respaldado por referentes de los bloques opositores, deberá ser tratado en comisión y luego votado en el recinto. Propone además que los tres meses de funcionamiento comiencen a correr una vez que se elijan a las autoridades y se establezcan oficialmente los días y horarios de reunión.
“Aún está vigente el plazo que la Comisión tiene para emitir un dictamen final y la mera expiración de los plazos establecidos por la resolución que le dio origen para investigar, no pueden considerarse como el cierre formal de un órgano parlamentario que no ha podido cumplir con los fines para los que fue creado, habida cuenta del sistemático bloqueo político y los artilugios parlamentarios impuestos por el oficialismo y sus aliados”, aseguraron.
Entre las actividades bloqueadas se cuentan solicitudes de informes, declaraciones testimoniales, recepción de denuncias, acceso a material probatorio y cooperación internacional. Una única reunión informativa se realizó con la presencia de periodistas, especialistas y damnificados, pero sin funcionarios citados, entre ellos Javier y Karina Milei.
El oficialismo mantiene su postura y da por caída la comisión, mientras que la oposición sostiene la vigencia del mandato y amenaza con trasladar el tema a la Comisión de Juicio Político si persiste la parálisis. Aunque reconocen que no cuentan con los votos para avanzar en un eventual juicio político, aseguran que no dejarán “que la causa se cierre por agotamiento institucional”.
Desde el inicio, la composición de la comisión —con distribución proporcional entre los bloques parlamentarios— garantizó un empate técnico que ninguno de los espacios logró destrabar. En tanto, la causa penal sobre $Libra avanza en el ámbito judicial de Estados Unidos, bajo seguimiento de varios diputados que insisten en reactivar el trabajo en la Cámara baja.