La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que la movilización convocada por el kirchnerismo en Plaza de Mayo no superó las 48.200 personas en su pico máximo de concurrencia, lejos del “millón” que afirmaron los organizadores. Según explicó, ese número surge de un conteo oficial realizado por su cartera: “Hicimos un cálculo geométrico, matemático, de acuerdo a la cantidad de espacio y personas por metro cuadrado. Contamos cada uno de los lugares, más todos los micros que entraron”, detalló en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.
Bullrich también reveló cuántos efectivos están actualmente asignados a la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción. “Deben ser cerca de 80 o 90 personas, aunque es un poco menos. No tengo el número exacto”, dijo. La ministra señaló que aún no hubo conversaciones con la justicia para revisar el dispositivo, aunque reconoció que “nos gustaría poder determinarlo” en función de los distintos domicilios que posee la exmandataria en el país.
Respecto a la situación judicial de Fernández de Kirchner, Bullrich confirmó que el Servicio Penitenciario Federal está realizando estudios técnicos para implementar la tobillera electrónica en su domicilio. “Es exactamente igual a cualquier persona que tiene una condena. No hay una discriminación. Es una manda judicial”, afirmó. Explicó además que se analizan factores como la conectividad 4G o Wi-Fi para asegurar el monitoreo continuo del dispositivo.
La ministra también salió al cruce de las críticas sobre los operativos de seguridad durante la marcha, particularmente por los controles a micros de militantes. “Paramos los micros porque muchos no estaban habilitados o no eran adecuados para circular. No fue contra la gente, fue para garantizar seguridad”, sostuvo. Y desmintió versiones que indicaban que se les preguntaba a los pasajeros si eran peronistas: “Eso es falso. Si hubiera pasado, ya habría una grabación”.
Por otro lado, Bullrich defendió la aplicación del decreto firmado junto al presidente Javier Milei que refuerza la facultad de la policía para detener por hasta diez horas a personas cuya identidad no pueda comprobarse. “Esa cláusula está desde 1958 en la Ley Orgánica de la Policía Federal. Es una herramienta legal, no persecución política”, subrayó.
Finalmente, justificó la creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones —denominado FBI por sus siglas en castellano— y el uso del ciberpatrullaje como parte de la estrategia de seguridad: “Se trata de proteger a la sociedad de delincuentes, bandas criminales, estafadores digitales y prófugos. No tiene nada que ver con espiar opositores”, aseguró.