Ramón Amarilla encabezó la lista de candidatos a diputados provinciales que terminó tercera en las elecciones del domingo. Pero si podrá ocupar o no su lugar en la Legislatura es una incógnita que ni la política ni la Justicia se atreven a dar por resuelta a priori.
Si el expolicía se convierte en diputado o no es, aún, una historia con final abierto. Para la política es un tema judicial. Para la Justicia, una cuestión política. Habrá al menos dos instancias donde resolver su situación.
Amarilla tiene dos procesos abiertos en su contra. El primero es por los hechos de mayo de 2024. En ese momento, encabezó el levantamiento policial que puso en jaque al Gobierno provincial. Allí está procesado. Uno de los delitos que se investiga es sedición, levantamiento en armas contra el sistema democrático. Ese expediente está casi terminado y debería ser remitido a juicio en lo sucesivo. La causa la tramita el juez de Instrucción N.º 6, Ricardo Balor, con René Casals como fiscal.
Pero existe un segundo proceso en contra del exuniformado. Se trata de la causa que formó el juez de Instrucción N.º 2, Fernando Verón, en septiembre del año pasado. Fue cuando se intentó armar un remedo de las acciones de mayo. Pero la movida policial tuvo filtraciones que llegaron a la Justicia. Verón ordenó la prisión preventiva de Amarilla. Esta decisión fue confirmada luego por la Cámara. Fue alojado en ese momento en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. Esta segunda investigación es por sedición en grado de tentativa.
En la Justicia evalúan que los fueros que le darían inmunidad se adquieren al momento de la oficialización del título de diputado provincial. Esto ocurrirá cuando el Tribunal Electoral le otorgue el diploma que lo designa como legislador. Hay otra parte de la biblioteca que sostiene, por el contrario, que esta prerrogativa se alcanza el día mismo de la elección.
El Tribunal Electoral misionero ha tenido una conducta sinuosa en torno al expolicía. A comienzos de mayo dictó una resolución habilitándolo a ser candidato a legislador aun estando preso y procesado. Pero días después emitió otra medida excluyendo del padrón a las fuerzas de seguridad y de defensa. Eran 16 mil votos potenciales de camaradas de Amarilla. Tuvo que intervenir la Justicia para corregir esta medida y habilitar a los uniformados a sufragar.
El Tribunal Electoral está conformado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cristina Benítez. Su pliego fue enviado a la Legislatura en 2016 por el actual Hugo Passalacqua durante la primera gestión. Además, está el camarista Augusto Busse, quien también llegó al cargo de juez promovido por Passalacqua. Y el fiscal Andrés Poujade, nombrado durante los gobiernos de la Renovación.
La puerta de salida
Amarilla está detenido en función de una medida cautelar previa. El magistrado entendió que podía fugarse o entorpecer la investigación. Pero el nuevo escenario planteado con su elección podría alterar esta situación. Eso llevaría a que Amarilla recupere su libertad.
En los Tribunales de Posadas entienden que los fueros existen a fin de ejercer una función pública. Y si el pueblo eligió a Amarilla para ese cargo, su detención debería terminar. El fin de la prisión preventiva del expolicía entraría en las consideraciones del artículo 198 del Código Procesal Penal de Misiones.
Allí se establece que si se forma causa penal contra un diputado no se le podrá detener, dictar prisión preventiva ni elevar el expediente a juicio si no media el desafuero previo.
En caso de que el expolicía obtenga el título de diputado electo por parte del Tribunal Electoral aparece una segunda sombra en el horizonte: si la Legislatura le tomará o no juramento para asumir. La jurisprudencia es unánime en cuanto a que la Cámara es la única jueza de sus integrantes.
El proceso marca que los diplomas de los legisladores ingresan y son remitidos a la Comisión de Poderes. Allí se dictamina por sí o por no. Pesarán en este paso los antecedentes de los procesos por sedición.
Ese despacho tiene que ser debatido y avalado por el pleno de la Cámara. Sería el último escollo que se presente. Es una decisión política y no implica prejuzgamiento ni juzgamiento judicial. En la Justicia misionera citan como antecedente de una negativa al excomisario Luis Patti, a quien se le negó asumir una banca de diputado en el Congreso de la Nación.
Cuando el diploma de Amarilla quede a consideración del plenario, es este quien deberá evaluar si está o no en condiciones de sentarse en la banca. Allí será a suerte y verdad.