El PRO aún continúa asimilando la derrota electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Esa lenta asimilación puede afectar los planes de los libertarios en la Cámara de Diputados.
Con La Libertad Avanza consolidándose en el bastión amarillo y relegando al macrismo a un tercer puesto, quedó consumada la ruptura interna que venía gestándose en el bloque del PRO de la Cámara baja.
Por primera vez desde que esta fuerza política irrumpió en el escenario nacional, expusieron públicamente sus divisiones. Ya no solo mediante la firma de dictámenes distintos de proyectos de ley, sino también al momento de votar.
Durante la sesión en la que la oposición obtuvo media sanción al ajuste jubilatorio, la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, el PRO ingresó al recinto después de haberse alcanzado el quórum. Sin embargo, de los 35 integrantes del bloque, solo alrededor de 20 estuvieron presentes. El resto se mantuvo en sus despachos y apenas tres se ausentaron completamente.
La división no solo se reflejó en la presencia, sino también en la modalidad de voto. En la votación sobre el ajuste jubilatorio, 22 diputados se manifestaron en contra, uno votó afirmativo —Héctor Baldassi, quien también apoyó en soledad la emergencia en discapacidad—, nueve optaron por abstenerse y tres no participaron.
Entre quienes se abstuvieron figuran Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, María Sotolano y María Eugenia Vidal.
Esta decisión evidencia que el grupo de nueve diputados optó por bajar al recinto solo para marcar disidencia y votar de manera distinta al resto del bloque.
“Hay cansancio moral. Pasamos de garantizar gobernabilidad a suplicar que no cierren el Garrahan. No existe diálogo político ni parlamentario. Una parte del PRO ya se fue a La Libertad Avanza. Otra busca construir una tercera vía”, explicó un legislador del partido.
Estas diferencias salen a la luz en medio de las negociaciones que llevan adelante Cristian Ritondo y Diego Santilli del PRO con Karina Milei y Sebastián Pareja de La Libertad Avanza, con el objetivo de enfrentar juntos al peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Al explicar cómo o cuándo podría concretarse esta ruptura, un diputado que se mantiene distante del oficialismo libertario estima que no ocurrirá antes de 2026. “Todavía no hay demanda electoral ni una oferta organizada”.
Mientras tanto, anticipan que el bloque mantendrá una estrategia oscilante y cada vez más definida en cuanto a identidades.
Mientras el PRO intenta transitar las turbulentas aguas de una unidad forzada, el Gobierno observa con preocupación el reciente desenlace de la votación. Si la situación se mantiene, se perdería el respaldo del “bloque de 87 héroes” que permitió sostener los vetos presidenciales durante 2024.
“Habrá que esperar a ese momento y ver cómo se comportan los 9 que se abstuvieron y los 3 que faltaron donde hay uno que es casi seguro que no acompañe el veto -Álvaro González. Pero también hay que mirar que hay 3 radicales que votaron a favor, los provinciales de Tucumán, Córdoba y San Juan, parte de los diputados que responden a Oscar Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que también acompañaron las leyes y hasta los radicales peluca que faltaron”, explicó un diputado libertario.
Durante 2024, la oposición había conseguido la sanción de un ajuste jubilatorio. Actualmente, con el proyecto aprobado en Diputados y un Senado donde Unión por la Patria cuenta con 34 legisladores —a los que podrían sumarse Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO) y la cordobesa Alejandra Vigo—, el oficialismo opositor estaría cerca de obtener la aprobación definitiva.
El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará las tres normas si resultan aprobadas. Si esto ocurre, la oposición insistirá y la Casa Rosada necesitará recuperar el respaldo total del “bloque veto” de “los 87 héroes” para bloquear los dos tercios. En pleno proceso electoral y en vísperas de comicios provinciales, la gran incógnita en el Congreso radica en si los gobernadores exigirán un alto costo por respaldar a la presidencia o se distanciarán del Ejecutivo con la mirada puesta en sus propias elecciones locales.