El largo listado de temas que Javier Milei desgranó para este año legislativo incluyó pocos anuncios concretos y en ese puñado, uno ineludible: el aval al acuerdo con el FMI. El Presidente lo expuso ante la Asamblea Legislativa y demandó un respaldo similar al de anteriores gestiones. El discurso pareció una señal también hacia el organismo internacional e intentó disimular el antecedente inmediato de las versiones del oficialismo sobre un intento de eludir el camino legislativo. Tono duro y puesta en escena electoral para una realidad que demanda negociación. Un contrapunto que puede advertirse desde ya, antes de que el Congreso empiece a moverse.
El acuerdo que se viene negociando con el FMI ocupa el máximo nivel como objetivo económico y político, a la par o apenas por debajo de la baja de la inflación. La consideración sobre su posible impacto generó incluso un dato llamativo frente al sacudón inicial del criptogate, en el intento de modificar la agenda pública. En ese momento, desde Economía y por canales de voceros, el oficialismo salió a difundir que el trato estaba prácticamente sellado.
Las conversaciones realmente se intensificaron y en ese contexto, algunos recordaron la posición tradicional del Fondo sobre la necesidad de solidez política para acompañar el acuerdo de facilidades extendidas. Alguna señal en ese sentido habría sido repetida desde Washington. Más aún: no sólo se trata de clima político de consenso, sino de aprobación legislativa. Con ese marco, el referido tramo del discurso presidencial en el Congreso apuntó y trascendió a la política local.
El mal clima sobre el tema FMI en espacios de la oposición dialoguista, e incluso con incomodidad para los socios -empezando por el PRO-, había sido alimentado por aquella versión sobre la intención de evitar el Congreso argumentando que “técnicamente” no se trataría de endeudamiento. Duró poco, aunque persiste cierta incertidumbre sobre el juego del oficialismo.
Lo dicho por Milei al abrir formalmente el nuevo ciclo de sesiones ordinarias -con temario que deja de ser dominio exclusivo del Ejecutivo- sugirió el reconocimiento de los pasos a seguir y la demanda de trato en sintonía con decisiones similares de anteriores presidentes. Visto así, el tono confrontativo del Gobierno, al menos en este punto, podría ser leído como la vestimenta para la necesidad de recurrir a negociaciones.
¿La idea de una posición de fuerza? El movimiento del oficialismo añade el intento de cierta vuelta de tuerca para limitar el alcance del trámite legislativo. Esto anticiparía un debate antes del debate con los espacios cuyo respaldo es crucial para lograr mayoría en el recinto, descontado el rechazo cerrado impulsado por el kirchnerismo. La negociación posible incluye siempre a los gobernadores.
Desde ya, tampoco desde espacios dialoguistas se dan señales de aceptar a libro cerrado el criterio de Olivos. Y algunos de los primeros mensajes, desde sectores como Encuentro Federal o las diferentes versiones radicales, reponen el reclamo sobre el Presupuesto 2025, que quedó en la nada cuando fracasaron las conversaciones, en noviembre pasado. La oposición, en general, apuntó contra la decisión oficialista como camino para una nueva prórroga presupuestaria que, de hecho, permite un manejo a voluntad.
El acuerdo con el Fondo corre para el oficialismo delante de cualquier otro tema de la agenda política y legislativa. Pero no es el único punto. Milei mencionó iniciativas que en su mayoría no tuvieron desarrollo alguno en el discurso presidencial y tampoco circulan como trascendido. Los tiempos son imprecisos: quedó dicho que podría ser antes o después de las elecciones de octubre.
Una excepción sería el posible avance del tratamiento sobre régimen penal juvenil, con eje discursivo en la baja de la edad de imputabilidad. El oficialismo y algunos aliados impulsan un plenario de comisiones de Diputados para mediados de la semana que viene. En cambio, es difuso el panorama para el listado de proyectos tales como reformas laboral, migratoria, penal.
Se verá, aunque en cualquier caso resulta claro que el oficialismo enfrenta dos desafíos diferentes no sólo por tratarse de un año electoral, sino por sus propias limitaciones y por la condición propia de las sesiones ordinarias: como siempre, en su condición de minoría, debe tejer acuerdos para coronar cualquier iniciativa y, al mismo tiempo, asegurarse un armado mínimo frente a ofensivas opositoras.
Eso último es vital: no le resultó sencillo blindar vetos presidenciales y evitar las escaladas contra los DNU, apuntadas también a modificar las reglas que sostienen la validez de este tipo de decreto.
Milei viene insistiendo con el discurso duro -sobre todo para su público-, que intenta mantener al oficialismo como ajeno a “la” política y representante de “los argentinos de bien” contra “la casta”. En el Congreso, le añadió una demanda de acompañamiento político acrítico a los planes del Gobierno. No resulta novedoso, pero constituye un ingrediente nada desdeñable frente a sus propias necesidades legislativas. El caso más notorio de éxito político para el Gobierno fue representado por el final de las sesiones extraordinarias, con la suspensión de las PASO como mejor postal por la suma de votos y las fisuras expuestas en el peronismo/kirchnerismo.
A contramano operan los mensajes -otra vez con sentido electoral- para armar y sostener un enemigo, que de hecho engloba a todo aquel que mantenga algún grado de autonomía o de cuestionamiento. Las críticas y la diferenciación reciben como respuesta grados creciente de intolerancia.
El Presidente suma mensajes con adjetivos descalificantes, no sólo en las redes. Y se añaden expresiones del círculo de Olivos, cuestionables en sí mismo más allá de que opaquen objetivos presidenciales, como acaba de ocurrir al final de la presentación ante la Asamblea Legislativa. Eso alcanza a la interna, a la oposición y de manera creciente, a medios y a periodistas con nombre propio. Lejos de la categoría de hechos desvinculados o anecdóticos, reflejos conceptuales peligrosos.