El gobierno nacional tiene en evaluación el cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda que depende del Ministerio de Economía. Así, desaparecerían los programas que dependen del organismo que actualmente encabeza Rodrigo Aybar. Quedarían sin efecto el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), el programa Casa Propia y el Fondo Nacional de la Vivienda, entre otros, destinados a la construcción de viviendas. Implicaría, además, según afirman desde los gremios estatales, el despido de alrededor de 500 trabajadores.
El 13 de noviembre del año pasado, el Ejecutivo eliminó el fondo fiduciario del Procrear que se había creado en 2012. Fue a través del decreto 1018/2024 que se publicó en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de Luis Caputo.
Allí se consignó que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”. El Gobierno sostiene que el acceso a la vivienda propia debe hacerse en forma privada, a través de créditos personales.
“Se está evaluando, pero por el momento no hay tomada una determinación”, aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni, ante la consulta de Infobae en la conferencia de prensa que brindó esta mañana, sobre el cierre de la Secretaría.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había elaborado un informe con varias observaciones sobre el funcionamiento del Procrear el año pasado. Señaló, entre otros puntos, “la demora en la entrega de viviendas y locales, lo cual ha generado costos adicionales en mantenimiento, seguridad y expensas, que se podrían haber evitado si los proyectos urbanísticos se hubieran entregado en el plazo previsto; incumplimientos del convenio por parte de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); múltiples quejas por condiciones inadecuadas de habitabilidad en las unidades entregadas; y la falta de actualización de los manuales de procedimientos”.
Unas 17.000 casas ya terminadas no fueron entregadas por el Procrear. Ahora irían a una subasta pública. Desde la Secretaría de Hábitat se auditó una por una con la idea de ceder en algunos casos las obras a las provincias o a algunos municipios para que se pudieran otorgar por sorteo entre quienes se inscribieron para acceder.
Una de las primeras provincias en aceptar el traspaso de las que no estaban terminadas fue la de Buenos Aires. El gobernador Axel Kiciloff acordó quedarse con algunos de los proyectos, al igual que comunas como la de Avellaneda, al sur de la provincia de Buenos Aires.
Sobre el Casa Propia-Construir Futuro, surgido en 2021, a fines de mayo de 2024 se habían introducido cambios en la financiación. “Resulta imperante garantizar la operatividad del Programa Casa Propia - Construir Futuro, a los fines de promover el objetivo general del programa, así como la continuidad de los convenios de financiamiento vigentes con sus respectivos entes ejecutores”, se expresó a través de la resolución 361/2024. Proponía modificar el reglamento del programa y buscar nuevas formas de financiamiento.
El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) fue creado en 1972 y es el más antiguo de los que están en marcha. El gobierno militar de entonces lo creó para contrarrestar el déficit habitacional y la provisión de viviendas económicas destinadas a los sectores de menores ingresos de la sociedad- así se construyeron bajo su impulso complejos de casas o de edificios de departamentos conocidos como monoblocks. Algunos ejemplos: el Barrio Ejército de Los Andes (al que se conoce popularmente como Fuerte Apache) y el Barrio General Savio, al que se conoce como Lugano I y II.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) impulsan un abrazo simbólico a la Secretaría para evitar su cierre. Desde el sindicato aseveran que más de 1800 convenios sobre vivienda resultaron afectados, que hay más de 72 mil obras en ejecución (algunas con un 80% finalizado) y que más de 2.000 empresas quebraron como consecuencia de la paralización de las obras. De acuerdo a la información que circula entre los delegados gremiales, el cierre de la dependencia estatal podría darse el 28 de febrero.
La que quedaría en funciones es la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que se encuentra a cargo de Sebastián Pareja, senador por la provincia de Buenos Aires en uso de licencia y uno de los principales “armadores” a nivel nacional de La Libertad Avanza.