A pesar de estar en plena discusión sobre los temas propuestos en las sesiones extraordinarias, el Gobierno ya trabaja en un proyecto que enviará en el periodo legislativo tradicional y que buscará eliminar “todo tipo de discriminación positiva”, incluyendo la emisión de DNI no binarios, el cupo trans en el Estado y la tipificación del delito de “femicidio”.
Se trata de la denominada “ley de igualdad ante la ley”, que se empezó a planear a mediados del año pasado y en la que está trabajando el asesor presidencial Santiago Caputo junto a su equipo, liderado por la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes vinculadas con la redacción de esta iniciativa, si bien todavía no hay una fecha establecida en la que se va a enviar al Congreso, la idea es presentarla en los próximos meses, por lo que formará parte de la discusión en plena campaña electoral.
Puntualmente, en el texto se propondrá derogar o modificar una gran cantidad de normativas vigentes que para la actual gestión son distorsivas y “no tiene sentido que sigan existiendo”.
Por ejemplo, una de las leyes que se buscará eliminar es la número 27.636, llamada de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins”.
Esta medida, aprobada durante la administración de Alberto Fernández, estableció que un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional debían ser ocupados por profesionales que sean parte de ese colectivo.
De igual manera, se dejaría sin efecto el Decreto 476/2021 que firmó también Alberto Fernández e incorporó la posibilidad de optar por la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Pasaporte Argentino para reconocer al género no binario.
Asimismo, se anularía la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que implicó como requisito para la oficialización de listas de candidatos a senadores y diputados nacionales, como así también a parlamentarios del Mercosur, la obligatoriedad de ubicar de manera intercalada mujeres y varones.
Además, esta iniciativa incluirá modificaciones en el Código Penal, ya que se buscará cambiar la tipificación de “femicidio”, que se incorporó en el 2012, y que agrava las penas para los homicidas cuando el asesino haya atacado a una mujer, siempre que “el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”.
“No tiene ningún tipo de sentido que una pena sea distinta a otra, dependiendo de si la víctima es hombre o mujer”, sostuvieron en el entorno del Presidente.
Por último, también se generaría cambios en la Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019, sobre el final del mandato de Mauricio Macri, que implementó las capacitaciones obligatorias en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres Poderes.
Como todo proyecto, la iniciativa se tratará en el Congreso y no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará a las personas que ya cuenten con algunos de los beneficios mencionados, ya sea que trabajen en el Estado o cuenten con un DNI no binario, que seguirán siendo legales.
Por otra parte, aclararon que no se van a impulsar por el momento cambios ni en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ni en el matrimonio igualitario.
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