El equipo “No a la Trata” de la Comisión Nacional de Justicia y Paz que pertenece a la Conferencia Episcopal Argentina manifestó mediante un comunicado su “más profunda preocupación” por la disolución que dispuso el gobierno de Javier Milei del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas que había sido creado por la Ley 27.508 de 2019.
Según dicha Comisión “el Fondo de Asistencia es un instrumento que tenía como objetivo la administración de los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos, con el fin de que estos sean destinados a reparar los daños causados a las víctimas. Es decir, que no insumía dinero del erario público, sino que se trataba de activos provenientes del delito que debía administrar el Estado”.
Detallan que “en octubre de 2021 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto a BICE Fideicomisos S.A. puso en funcionamiento el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas tras la firma del contrato de fideicomiso de administración”.
En el Boletín Oficial del 25 de noviembre último el decreto gubernamental señaló que “resulta oportuna la disolución de los citados fondos fiduciarios en el contexto económico actual, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos”. Ante ese argumento, desde la Conferencia Episcopal, expresaron: “No comprendemos la mención del contexto económico actual, ya que como ha sido mencionando, los fondos no salen de erario público, por otro lado, esta medida en ausencia de mecanismos supletorios del Fondo de Asistencia Directa sólo puede tener como consecuencia la mayor vulneración de las personas que padecieron la esclavitud en carne propia y fueron rescatadas de las garras del delito”.
El Poder Ejecutivo Nacional había dispuesto hace cuatro días la disolución de cinco fondos fiduciarios: Para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), Para la Refinanciación Hipotecaria, Programa de Inversiones Estratégicas, Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – Ley 26.364 y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
En el caso de fondo destinado a las Víctimas de Trata, el pretexto utilizado fue que “en el Informe de Auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) se señaló, entre otras observaciones, la inexistencia de un manual de procedimientos formalizado, falencias observadas en el Contrato de Fideicomiso y la inexistencia de un Sistema Informático para la gestión de la unidad ejecutiva del referido Fondo, entre otros”.
Cuando se tomó esta determinación el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, publicó un posteó en la red social X (ex Twitter) en el que se enumeraba a los fondos con el mensaje “Hoy cerramos 5 cajas políticas más”, acompañado por emojis de tres banderas argentinas.
La Comisión en su comunicado cita, además, un trabajo reciente de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que consistió en un relevamiento estadístico en base a la reparación de víctimas de trata en sentencias condenatorias en Argentina entre los años 2019 y 2022.
En este período se dictaron 107 sentencias condenatorias, de las cuales en 27 (un 25,2%) se efectivizó algún tipo de reparación económica para las víctimas. Éstas alcanzaron a 168 víctimas por un total de más de 70 millones de pesos (en rigor, 70.823.001,20 pesos) y 16.141 dólares, además del equivalente a 192 salarios mínimos y 3 vehículos afectados para los mismos fines.
“Este hecho (en referencia a la medida del Gobierno) representa un retroceso en materia de reparación y restitución de derechos de las víctimas, que no pueden esperar y lo único que hacen este tipo de medidas es convertirlas nuevamente en víctimas, abandonadas por quienes deberían ser protegidas”, culmina el escrito.