El oficialismo senatorial descartó sesionar esta semana y continuará, salvo algún movimiento que intente la oposición relacionado con el recinto, activar otro puñado de comisiones bicamerales: la codiciada de la Biblioteca del Congreso quedaría en manos de la legisladora tucumana Beatriz Ávila, una aliada informal del macrismo y también de libertarios en la Cámara alta. También se conformará la que realiza el seguimiento de la ANSeS, en medio del debate del Presupuesto 2025 y negociaciones sobre jubilaciones entre la Casa Rosada y la oposición dialoguista en Diputados.
Si bien integra la bancada del Pro en el Senado -al menos, en los papeles-, Ávila participa en las reuniones de dicha bancada, se mueve junto a los legisladores que comanda Luis Juez (Córdoba) y acompañó a ese bloque, en la mayoría de ocasiones, a la hora de jugar a favor del Ejecutivo. La bicameral que le tocaría manejar es sensible por la inmensidad y picardías de la Biblioteca del Congreso. En tanto, la de seguimiento de la ANSeS irá a parar a manos de Diputados.
En los últimos días, se conformaron varias bicamerales, como por ejemplo, la estratégica Mixta Revisora de Cuentas. De manera unánime, oficialistas y opositores votaron el miércoles pasado para que la presidencia fuera para el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto. Dicho Cuerpo es el nexo con la Auditoría General de la Nación (AGN), que revisa la utilización de los recursos del Estado.
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La bicameral en cuestión es sensible y fue dada a Pichetto no sólo por su experiencia como legislador y ex titular de la AGN -hoy la maneja el justicialista y ex funcionario del Gobierno anterior Juan Manuel Olmos-, sino también tras dejar afuera al interbloque del rionegrino -que ya cambió varias veces de nombre y busca un rumbo claro en la Cámara baja- en otra jugosa comisión: la de inteligencia.
Durante dicha jornada también tuvo luz verde la bicameral de la Defensoría del Pueblo, que analiza la protección de los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública nacional.
La titularidad quedó en manos del senador radical Daniel Kroneberger (La Pampa), quien enfatizó que “en 2017 fue última vez que se constituyó”, y que de la misma depende no sólo el cargo del Defensor del Pueblo, sino también la Procuración Penitenciaria. Según lo relatado por el legislador de la UCR, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la bicameral no se demoró, sino que ni siquiera existió.
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En medio de las demoradas conformaciones de comisiones bicamerales en el Congreso -un vicio que se profundizó en los últimos años-, senadores de distintos bloques mantienen por ahora una fuerte disputa para integrar la del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La actual defensora es Marisa Graham, cuyo mandato finaliza en marzo próximo, lo que conllevará una nueva definición en un Congreso más que atomizado para un cargo y estructura más que deseados por la política, en medio del feroz ajuste que ejecuta Javier Milei.
Graham puede continuar por un período más, escenario que no cierra bajo ningún punto de vista para el oficialismo. Tampoco para algunas bancadas que regalaron votos en el pasado a la actual defensora, cuya designación se negoció en 2019 y se terminó de sancionar, en el Congreso, sobre el cierre de febrero de 2020.
Desde la sanción de la ley, en 2005, Graham fue la primera y única persona que ocupó la Defensoría. Sus detractores de entonces la acusaron de estar a favor del aborto; los posteriores, de fomentar una estructura atractiva y jugosa para la militancia, en general. Ahora, el oficialismo mira de reojo -y con motosierra en mano- el devenir de esta bicameral.
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