En sintonía con lo que planteó el presidente Javier Milei a nivel nacional, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña presentó este miércoles su propio proyecto de Ley Bases para la ciudad de Buenos Aires, con el que esperan reducir a la mitad la cantidad de cargos jerárquicos en la administración local, reducir significativamente los impuestos y avanzar con la privatización de diferentes organismos y la venta de inmuebles en desuso.
La iniciativa, a la que pudo acceder Infobae, tiene un total de 95 páginas y está dividida en varias áreas, desde una reorganización completa de Ministerios y Secretarías, hasta cuestiones de seguridad pública, pasando por la simplificación de trámites y una medida para que aquellas personas que no residan en el distrito empiecen a pagar por los servicios de salud pública, cuando no se trate de casos de urgencia.
Entre los puntos más relevantes, se encuentra la propuesta de poner a la venta las empresas encargadas de la explotación y mantenimiento de las autopistas, los subtes y la lotería, como también la prohibición de asistir con menores a las protestas.
Los objetivos planteados por el espacio es “promover la descentralización y desburocratización” del Poder Ejecutivo porteño; “optimizar los ingresos y el uso de los recursos”; “reducir el gasto” y “modernizar el procedimiento administrativo a fin de facilitar los trámites a los vecinos”.
También se busca “incentivar el desarrollo económico de la Ciudad, adecuando la normativa referente a sus Polos económicos”; establecer “un sistema de prestación del servicio de salud que sea equitativo” y “proteger el derecho de trabajar y de transitar libremente”.
En este sentido, en uno de sus primeros artículos, la normativa insta a Macri a “la eliminación de competencias, funciones y responsabilidades que se evalúen como innecesarias”, así como también a “la fusión de dependencias y organismos con funciones y responsabilidades solapadas o redundantes”.
De acuerdo con lo que precisaron a este medio algunos de los autores del proyecto, esta medida se decidió luego de que el equipo a cargo de la iniciativa detectara que hay una gran cantidad de entidades que cumplen la misma tarea, incluso dentro de diferentes Ministerios.
“Comparando el organigrama del Gobierno de la Ciudad en 2007 con el de 2024, en los últimos 16 años se duplicó el tamaño del Estado. El empleo público aumentó un 75% en los últimos 20 años. Creció más que en provincias como Santiago del Estero, donde la estructura del mercado laboral depende directamente del Estado”, explicó al respecto Pilar Ramírez, que está al frente del proyecto y se disputa la presidencia del bloque con Ramiro Marra.
En este sentido, la legisladora precisó que en el territorio porteño “hay 2500 funcionarios con cargos políticos cobrando sueldos millonarios”, entre ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, gerentes operativos y coordinadores.
Con esta reforma, La Libertad Avanza propone reducir la cantidad de áreas de la Jefatura de Gobierno hasta la mitad, manteniendo solamente aquellas que sean “necesarias para garantizar la razonabilidad en la relación gasto público/exacción tributaria”.
Por otra parte, el artículo 9 de este proyecto declara “sujeta a privatización” las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del gobierno local, entre las cuales se encuentran Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E.
En cuanto a las concesiones, el texto indica que el Poder Ejecutivo “realizará, a través de sus dependencias de competencias específicas, una revisión completa e integral” de todos los contratos vigentes, para “asignar a cada bien inmueble un mecanismo de explotación pública que garantice su máximo provecho social y económico”.
“En el caso de que de la evaluación de razonabilidad surja la conveniencia de poner bienes inmuebles del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la venta, será la Legislatura de la Ciudad la que determine el procedimiento a seguir para cada uno”, se aclara.
Para los empleados que se vean afectados por esta eventual reducción del Estado, al igual que como se hizo en la Nación, la iniciativa detalla que quedarán automáticamente “en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce meses”.
Durante ese plazo, deberán “recibir la capacitación que se les imparta; o desarrollar tareas en servicios tercerizados” para ser reubicado en otro sector y, en caso de que no ocurra eso, después del tiempo mencionado será despedido e indemnizado.
En el apartado de salud, la Libertad Avanza propone modificar la normativa vigente e incluir que “la cobertura de atención médica de personas de nacionalidad extranjera no residentes en la Ciudad de Buenos Aires se garantiza” solamente “en casos de emergencia y urgencia”.
De esta manera, cuando no se verifique esa circunstancia, la autoridad porteña deberá “instrumentar un sistema de compensaciones de los gastos insumidos por el sistema de salud de la Ciudad, que deberá ser asumido por el destinatario de la prestación”.
Asimismo, en el caso de argentinos de otros distritos, se insta a “promover e implementar mecanismos de articulación intrasectorial, interjurisdiccional e internacional a través de convenios específicos”, para que sea la provincia a la cual pertenece el paciente, quien se haga cargo de los costos.
Por último, se incorpora un artículo a la normativa de seguridad, para remarcar que, “en caso de encontrarse una persona menor de 13 años de edad” en las movilizaciones, “sin estar en compañía de sus progenitores, tutores o representantes legales o se encontrare en situación de peligro inminente a su integridad física, la autoridad pública que así lo constate deberá cursar inmediato aviso al Organismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Bueno Aires”.
Además, como planteaba la Ley Bases original que se discutió en el Congreso, las organizaciones sociales, políticas o piqueteras “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”, por lo que deberán pagar los arreglos o compensaciones correspondientes.
“Con este proyecto de Ley Bases no solo queremos terminar con la presión que pone el Gobierno de la Ciudad sobre los ciudadanos, sino también optimizar los recursos, que están totalmente desaprovechados”, expresó la legisladora Marina Kienast.
Hasta el momento, la iniciativa solamente cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza y de tres diputados del PRO que responden políticamente a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María González Estevarena.