El paisaje de Posadas cambió significativamente a lo que fuera hace apenas 20 días. La avenida Uruguay, una de las arterias comerciales más importantes de la capital misionera, retomó su ritmo habitual. Semanas atrás, su intersección con la avenida Trincheras era el epicentro de una triple protesta: la de los policías, los docentes y los trabajadores de la salud, entre otros.
El Gobierno logró primero un acuerdo con el sector de seguridad. Y, en paralelo a que abría instancias de renegociación salarial con docentes y salud, forzaba el levantamiento de los otros dos campamentos que aún permanecían en el lugar.
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Las maestras, principalmente autoconvocadas o pertenecientes a sindicatos menores, aún realizan cortes parciales de las rutas nacionales 12 y 14. Esta situación complica el tránsito de pasajeros y de carga desde y hacia Brasil y Paraguay. Y impacta en uno de los principales productos misioneros: el turismo.
Las conversaciones salariales se retomarán este viernes con una mesa técnica. Como gesto de acercamiento, el colectivo de trabajadores de la educación canceló la movilización a la Legislatura provincial.
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Mientras, los principales referentes sindicales comenzaron a recorrer Tribunales para declarar por las causas que pesan en su contra a raíz de las protestas. Mónica Gurina, de la CTA Autónoma, y Leandro Sánchez, de la Unión de Trabajadores de la Educación Misionera, tuvieron que asistir durante la semana al Juzgado de Instrucción N° 7. Están imputados por desobediencia.
El abogado de ambos, Eduardo Paredes, indicó a Infobae que en su declaración “invocaron el derecho constitucional a la petición” en materia salarial y de condiciones de trabajo. Y que las decisiones que llevaron a las distintas medidas de protesta “son asamblearias, no de una sola persona”.
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Paredes especula que el expediente judicial no prosperará ya que Gurina “no fue notificada personalmente de que debía abandonar la calle” Uruguay, donde se realizaba el acampe docente. “Simplemente se la identificó porque sale en los medios de comunicación”, apuntó.
El letrado señaló que los referentes de la protesta tienen otras denuncias que han recaído en otros Juzgados de Posadas. “Son por lo mismo. Se acumularán. Pero por ahora sólo han sido llamados en esta. En los demás sólo han sido notificados, no citados”, indicó.
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La cuestión es que la protesta, si bien ha mermado, no concluyó. “El problema continúa. Hubo cortes de ruta. Y es probable que tengan más denuncias por lo mismo. Esto, finalmente, tendrá que tener una solución política”, estimó Paredes.
El abogado marcó la diferencia de tratamiento de la protesta policial y la docente. Es que en el primer caso “todo se desestimó” en la Justicia y quedó “en la normalidad”. “Es una regla criminológica: el poder punitivo sólo se aplica sobre sectores vulnerables”, apuntó.
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La Policía de Misiones, que hasta hace unas semanas era la punta de lanza del conflicto salarial, ha vuelto a sus funciones. Y elige realizar las notificaciones judiciales a los manifestantes de los demás sectores estatales por la noche o durante las madrugadas.
Los sectores docentes tratan de darle un cauce a los retrocesos a los que se han visto obligados. “El fin del acampe de la Av. Uruguay significó culminar una etapa de 15 días de ardua lucha para pasar a otra instancia que nos permita realizar nuevas acciones”, expresaron en un documento conjunto.
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El mismo escrito, puntualizó: “Al momento solamente cubrimos el acumulado de inflación de 2024. Pero quedamos lejos del costo de vida. Y aún no hemos recuperado nada del 2023″.
El otro sector que mantiene activa su protesta es la salud. Al frente también hay grupos de autoconvocados que realizaron medidas de fuerza desde el martes al jueves. Reclaman una mejora salarial por encima de la acordada por ATE con el Gobierno.
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