El Gobierno intentará este jueves destrabar el conflicto salarial entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y los prestadores del sector de la salud, en una reunión clave que se hará en la Secretaría de Trabajo mientras desde hace 24 horas y hasta el viernes se realizan paros de dos, tres y cuatro horas por turno del sindicato conducido por Héctor Daer.
La medida de fuerza afecta a las clínicas, sanatorios, hospitales privados, geriátricos y servicios de emergencia, en donde solamente se mantienen guardias mínimas durante los paros progresivos. “Nuestros salarios han perdido dramáticamente su poder adquisitivo, mientras que los empresarios del sector de la salud se niegan sistemáticamente a otorgar los aumentos que venimos reclamando desde hace meses”, afirmó FATSA, tras quejarse de que “los salarios están congelados desde marzo”.
De todas formas, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convocó a empresarios y sindicalistas a un encuentro que tendrá lugar este jueves, a las 11, para intentar solucionar el conflicto. En las cámaras del sector admitieron que los salarios no pudieron reacomodarse y aseguraron que este viernes estarían en condiciones de efectuar una propuesta de aumento: “No podemos compensar la inflación, pero vamos a ofrecer una cifra para que los sueldos no se deterioren más todavía”.
El plan de lucha de FATSA incluye un esquema progresivo de protestas: este miércoles se hicieron paros de dos horas por turno; hoy será de tres por horas por turno y el viernes, de cuatro horas por turno. En cada clínica, hospital y sanatorio hay dispares niveles de adhesión a las medidas, pero se reprogramaron turnos que no fueran urgentes y sólo se mantuvieron guardias mínimas.
Daer sostuvo que “la actitud irresponsable y vergonzosa de los empresarios de la salud es inaceptable” y advirtió que “seguimos adelante con nuestro plan nacional de lucha, exigiendo una justa recomposición salarial para todos los trabajadores del sector asistencial”. “No nos detendremos -agregó en su cuenta de X-. Los empresarios son los únicos responsables de las consecuencias en la atención hasta que nuestro reclamo sea atendido”.
Por el sector empresarial, el presidente de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM), Marcelo Kaufman, dijo a Infobae que “el sindicato no tiene la culpa” de la situación salarial, aunque destacó que en 2023 los trabajadores recibieron aumentos que cubrieron “prácticamente lo que la inflación marcaba, menos algunos puntos de mejora que se los otorgamos entre febrero y marzo”. “Nuestro problema es por la falta de recursos para el financiamiento del sector salud. No tiene que ver sólo con los costos, sino que tiene que ver con los ingresos”, señaló.
Recordó que “este laberinto es una crónica de una muerte anunciada que viene desde hace mucho tiempo, pero muy presionada desde el gobierno anterior desde la pandemia: tuvimos una cantidad de subsidios para sostener el trabajo, sin despido de personal y sin achicamiento salarial”. “En esa época estaba el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) -recordó-, pero no nos aumentaron los aranceles frente a una inflación que fue del 36 y pico por ciento en 2020. Pero en 2023, con una inflación de 211 puntos, nosotros recibimos, en el mejor de los casos, 140 en concepto de aranceles y pagamos salarios equivalentes al 170%, además de que pagamos insumos, devaluación por medio, primero de un 20% y después el aumento del Impuesto País del 7 al 17,5% para los insumos médicos. Así nos fuimos desfinanciando y perdiendo capital de trabajo”.
Kaufman puntualizó que “cuando asume este gobierno y devalúa, todos los insumos médicos y el equipamiento se van a las nubes, mientras el empresariado argentino stockeó mercadería pensando que el dólar podía estar en 2000 y los costos también se fueron a las nubes”.
El titular de la CEDIM resaltó que “no estamos contra el sindicato porque siempre hemos tenido diálogo y nos hemos ido acomodando, y sabemos que los salarios no le alcanzan a nadie, pero vamos haciendo lo que podemos: no es una puja distributiva, es una puja de posibilidades”.
Por su parte, Alejandro Rodi, gerente de Cámara Argentina de la Seguridad Social (CAPRESS), explicó: “Venimos con un atraso de años, suba de servicios públicos que llega al 400%, suba de insumos que en algunos casos llega al 300% en lo que va del año y los ajustes por prestación no pasan el 40%. Como prestadores de la seguridad social, tenemos 30 clínicas en todo el país al borde del cierre si no logramos una respuesta de las obras sociales provinciales y sindicales”.
“El sistema de salud está colapsado hace años -alertó-. Los médicos no pueden cobrar lo que cobran y las clínicas tampoco. Entendemos y apoyamos el reclamo, pero si los financiadores como PAMI y el IOMA, por ejemplo, no ajustan, el sistema va a la quiebra total”.