En el marco del plan de la actual gestión de reducir todos los gastos del Estados, el Gobierno busca modificar el reglamento sobre la custodia de los ex Presidentes, tras revisar la situación y el personal destinado a esa tarea. La medida está en manos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que este martes regresó a la Argentina tras formar parte de la gira oficial que su hermano realizó por Israel, Italia y El Vaticano.
La decisión surgió luego de que la funcionaria detectara, entre otras cuestiones, algunos casos que considera excesivos, como el de Cristina Kirchner, quien cuenta con alrededor de 120 efectivos de la Policía Federal abocados a su seguridad y a la de su familia, más precisamente a su hija y su nieta. Es un dispositivo especial que se puso en funciones después del intento de magnicidio del 1° de septiembre del 2022.
Asimismo, también llamó la atención los operativos que demanda la custodia de Alberto Fernández, que tras dejar el cargo se instaló en España, por lo que Casa Militar, que es la institución que se encarga de la seguridad de los mandatarios en ejercicio y fuera del mismo, debe coordinar y enviar agentes a ese país.
De hecho, según trascendió, todas las semanas viaja a Madrid un miembro de la Policía Federal Argentina para permanecer en el departamento que alquila el ex Presidente y acompañarlo en sus actividades diarias. Luego, esa persona regresa a Buenos Aires y se envía a otra para hacer el relevo, lo cual demanda grandes gastos en pasajes y viáticos. En total, son 12 los efectivos que tiene a su disposición.
En este sentido, una idea que surgió es la de avanzar con un acuerdo de reciprocidad con las autoridades españolas, en este caso, para que la Policía local se ocupe de cuidar al ex mandatario argentino, aunque por el momento no se avanzaron en gestiones ante las autoridades del gobierno socialista de Pedro Sánchez para habilitar algún tipo de acuerdo.
De acuerdo con la información que trascendió de fuentes oficiales, el equipo completo de efectivos de custodia asignados a Mauricio Macri estaría en el orden de los 30. Es personal abocado, en todos los casos, a cumplir esas tareas 24x7 los 365 días del año. También lo acompañan cuando el referente del PRO viaja al exterior.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, lo que sí se va a impulsar es una reglamentación más estricta de los protocolos para establecer cuánto personal -mínimo y máximo- se puede disponer para la custodia de los jefes de Estado.
“El objetivo no es eliminar la custodia, ni dejar desprotegido a ningún presidente. Pero tampoco seguir sosteniendo este régimen en tiempos de crisis y cuando estamos planteando que no hay plata y que a la sociedad le estamos exigiendo un esfuerzo tan grande para superar estos difíciles momentos”, explicaron a Infobae fuentes oficiales.
El decreto de la polémica
A fines de diciembre pasado surgió una polémica luego de que, antes de dejar el cargo, Alberto Fernández firmara un decreto para que el Estado cubriera los costos de su custodia y la de su familia de manera permanente, aun cuando estuviera fuera del país, lo cual fue duramente cuestionado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Tras varias idas y vueltas, finalmente quedó firme la normativa que en concreto incorporó un cambio en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo que está a cargo de la seguridad del Presidente. Hasta ese momento, la Policía Federal Argentina (PFA) habitualmente custodia a todos los ex mandatarios en el territorio nacional, en caso de que requieran de este resguardo especial, o tengan que realizar viajes puntuales.
Desde ese decreto, prerrogativa se amplió a quienes hayan ejercido alguna vez la Presidencia y la Vicepresidencia y se desplacen dentro o fuera del país, quienes podrán utilizar este beneficio sin un tiempo límite para su aplicación.
Con las firmas de Fernández y el entonces jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la medida modificó los objetivos de Casa Militar, al reemplazar el artículo 2 del decreto 50/2019 firmado a pocos días de comenzar su gestión. La redacción de la norma sumó como misión a los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya cumplieron mandato. “Proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, del Vicepresidente de la Nación, de los Ex Mandatarios y de sus familiares directos, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente de la Nación y de su familia”, indica el texto.
Además, se modificaron los artículos 14 y 15 del decreto 648/2004, aprobado durante el mandato de Néstor Kirchner. “Establécese que los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios actuarán bajo control operacional de la Casa Militar, a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia, de la que recibirán las órdenes para su empleo, actuando de conformidad con las leyes y reglamentos que rigen al Personal de la PFA”, señala la normativa en su artículo 14.
En el Gobierno insistieron ante una consulta de Infobae que no hay la idea de ningún modo es eliminar las custodias presidenciales. Milei es un dirigente que tiene especial cuidado tanto con su seguridad personal como también se comprometió a mantener la dotación óptima y al responsable que desde hace años está al frente de ese equipo. De hecho, trascendió que sobre ese tema hablaron brevemente en un momento del traspaso de mando.