El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos asumió hoy la conducción en la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, luego de las elecciones que tuvieron lugar en octubre pasado. Su mandato, por tres años, se concreta luego de seis años de la presidencia que encabezó el fiscal Carlos Rívolo, y que ya no podía ser reelecto. La entidad cobró protagonismo público en medio de las últimas críticas del oficialismo a fiscales como Diego Luciani y Cecilia Incardona, o los intentos de reformas al Ministerio Público que, a criterio de la entidad, avasallaban la autonomía de los fiscales.
La elección se ganó a través de una lista única, “Unidad en Libertad”, que consensuó las diferentes voces dentro de la entidad y que consagró a Toranzo como el presidente de la agrupación. Susana Pernas, fiscal general de Tribunales Orales de Menores de CABA, seguirá siendo vicepresidenta, secundada Virgina Miguel Carmona, fiscal interina de La Rioja. La mesa de autoridades se completa con Diego Flores, en representación de los funcionarios; y Alberto Gentile, fiscal federal de San Martín. En tanto, Rívolo permanece como vocal en la zona de CABA.
Toranzo, que ya integraba la parte directiva de la entidad, tiene la particularidad de ser fiscal federal en uno de los pocos lugares en donde logró aplicarse el sistema acusatorio, en donde el rol del Ministerio Público es crucial.
La asociación de fiscales se armó en 2004 y nuclea a los Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de los Ministerios Públicos Provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También agrupa a diversas Organizaciones o Asociaciones de Fiscales Provinciales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El propósito de la agrupación tiene por fin “defender y afirmar la integridad profesional garantizada por la Constitución Nacional al Ministerio Público Fiscal”, y garantizar la independencia y autonomía de cada uno de los Fiscales que componen el Ministerio Público Fiscal.
El rol de la entidad fue central en la discusión sobre los cambios que intentó el oficialismo sobre la Procuración General de la Nación, un cargo hoy vacante y ocupado interinamente por Eduardo Casal. También en la polémica sobre las reformas implementadas en la ley de jubilaciones de Magistrados a inicios de la gestión de Alberto Fernández o la intención fallida de incorporar el cobro de ganancias al Poder Judicial en el último presupuesto.
Pero una de las últimas apariciones públicas de la asociación fue para respaldar al fiscal Diego Luciani, acusador en el juicio conocido como “Obra pública” o “Vialidad” en donde se investiga el medio centenar de obras que recibió en Santa Cruz el empresario Lázaro Báez durante la gestión kirchnerista. En el banquillo está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Luciani pidió para ella una condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado. Eso generó fuertes crítica desde el oficialismo, entre ellos del presidente Fernández. “Hay una injerencia en el sistema de justicia”, denunció la agrupación, que pidió “debida prudencia” al Poder Ejecutivo para “alejar toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetarse la división de poderes”.
Pero redobló sus críticas cuando el jefe de Estado aludió en una entrevista televisiva a la muerte de Alberto Nisman y lo vinculó a Luciani. “Si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani… Yo lo que le regalaría al fiscal es algunos tratados de derecho internacional, porque por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sin fin de disparates jurídicos. Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman…. que hasta acá lo que le pasó fue que se suicidó, no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, había dicho Fernández.
La entidad salió a repudiar “enfáticamente los dichos vertidos por el Sr. Presidente de la Nación Alberto Fernández”, que “posee un desconocimiento profundo del caso en el cual se investiga el asesinato del Fiscal General Alberto Natalio Nisman”.
La entidad también salió a hablar del “desagrado” que provocaron las declaraciones de altas autoridades venezolanas contra la fiscal Cecilia Incardona cuando tramitaba la causa por el avión venezolano-iraní a la Argentina.
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