Con el apoyo de Máximo Kirchner, el Frente de Todos trabaja en la sanción de una Ley Nacional de Juventudes, que creará dos nuevos organismos en el Estado y un presupuesto fijo destinado a políticas generacionales hacia las personas de entre 18 y 19 años.
La iniciativa es impulsada por la senadora de San Luis, María Eugenia Catalfamo y ya tiene la luz verde del jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y un conjunto de legisladores de la bancada oficialista. La intención es establecer una normativa que promueva “el desarrollo integral de las personas jóvenes residentes en el país y su participación activa en todos los ámbitos de la vida en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad”.
En sus 26 páginas, el proyecto de ley establece un nuevo organigrama en el Poder Ejecutivo. En concreto, define la creación de dos instituciones: la Secretaría Nacional de Juventudes bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, y un Consejo Federal que articule medidas con las provincias. Además, el texto redefine el funcionamiento del Instituto Nacional de Juventudes (Injuve), el organismo que actualmente conduce la futbolista de San Lorenzo y referente feminista, Macarena Sánchez.
“Queremos que los derechos de las juventudes se cumplan, siendo uno de los sectores más vulnerables. Las personas entre 18 y 29 años representan el 22% de la población en Argentina. Hablamos de chicos que tienen un montón de necesidades e inquietudes, como el acceso al primer empleo y el primer hogar, o la terminalidad educativa”, apuntó a Infobae la senadora Catalfamo, autora del proyecto.
La iniciativa había sido presentada por primera vez en el año 2019, pero ante el año electoral no tuvo importantes avances. El nuevo texto ingresó el 16 de marzo por mesa de entradas del Senado con un renovado respaldo Gobierno nacional y del jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, acompañado con la firma de una mayoría de espadas legislativas oficialistas de la Cámara Alta, como el titular de la bancada, José Mayans, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Según el texto, la normativa reúne aspectos generales sobre el interés de las juventudes y refuerza derechos como el de “no discriminación”, la educación en contextos específicos, la capacitación laboral y profesional, la educación sexual, la salud, el consumo problemático de sustancias, el trabajo y la participación política, entre otras. Además, instruye a emprender acciones específicas, como
“Esta ley es el puntapié para establecer distintos proyectos en torno a los jóvenes. Si le damos jerarquía de ley, logramos que trascienda los gobiernos y no suceda lo mismo como lo ocurrido con el programa Progresar, que era inclusivo y solidario hasta que la gestión macrista lo volvió meritocrático y dejó de cumplir sus objetivos principales. Con una ley de Juventudes va a ser más difícil derogar estas medidas”, consideró Catalfamo.
De acuerdo a la propuesta, la nueva estructura del Estado estará financiada con un mínimo del 0,02% del presupuesto nacional. Un esfuerzo económico que “no es demasiado considerable”, afirma Catalfamo, y está en torno a lo ya devengado por el Estado. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal hubiese representado $928 millones en 2020, mientras que para el año 2021 alcanzaría los $1344 millones.
Entre los cambios de sancionarse la ley, el Injuve dejaría de ser una entidad que responde únicamente a la Casa Rosada para constituirse como un organismo autónomo y colegiado de cinco miembros, uno por el Gobierno nacional, y dos por cada cámara del Poder Legislativo, integrados por representantes del oficialismo y la oposición. El presidente del instituto tendrá un mandato de cuatro años.
Hasta el momento, la política destinadas hacia la juventud “está demasiado ramificada” con programas y acciones repartidos en distintas áreas del Gobierno como el Ministerio de Trabajo, de Educación o el propio Injuve. Con la propuesta legislativa se le buscará dar una “integralidad” y reproducir la experiencia normativa que ya existe en la región como Bolivia (2013), Brasil (2018), Colombia (2013), Costa Rica (2002), Ecuador (2001) y México (1999/2015), entre otros.
En la comparación internacional, la contracara argentina son las leyes que abordan temas específicos que alcanzan a la juventud y que también fueron impulsadas por el kirchnerismo, como la Ley Nacional de Educación, la Ley de Voto Joven o la Ley 27002 que instaura el 16 de setiembre como el Día Nacional de Juventud, en conmemoración con la “Noche de los Lapices”.
Con el Consejo Federal de Juventudes, el oficialismo busca imprimirle al tema una mirada de articulación desde las provincias, con encuentros por regiones que aborden las problemáticas particulares, y la creación de un Plan Nacional de Juventudes que “deberá ser conocido y tenido en cuenta por los organismos gubernamentales”. “Las juventudes son todas diversas. En Capital Federal no se ve lo que sucede con los jóvenes del resto del país”, sostuvo Catalfamo.
¿Este tipo de leyes no aumentaría la burocracia del Estado?, preguntó Infobae. “Todo se empezaría a canalizar por la secretaría nacional de Juventudes. Actualmente, los jóvenes tienen que ir a distintas ventanillas si se interesan por trabajo, salud o ambiente. La ley trasnversaliza y favorece el trabajo de conjunto. Verdaderamente no creo que se burocratice ni signifique mayor presupuesto. Buscamos atender ciertas problemáticas para un sector clave que es el que guiará los destinos de nuestro país”, concluyó Catalfamo.
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