Las autoridades de la provincia de Buenos Aires son inflexibles. No aceptarán de ninguna manera cualquier tipo de “extorsión” por parte de “los policías que se sumen a las acciones políticas organizadas por la oposición disfrazadas de supuestos reclamos salariales y mejores condiciones laborales. Policía que proteste, policía que será sumariado y que terminará despedido”, aseguran los funcionarios consultados por Infobae.
Desde la casa de gobierno de La Plata, a cargo de Axel Kicillof, desde el ministerio de Seguridad, al frente de Sergio Berni, y desde la cúpula de la bonaerense, al comando del comisario general Daniel García, sostienen que los uniformados que se protesten el próximo miércoles 11 de febrero serán denunciados ante la justicia.
“Que cada uno sepa que esta vez lo vamos a judicializar y van a terminar en cana porque ahora es política. El reclamo fue en septiembre pasado. Lo escuchamos y tratamos que las sanciones no fueran las más duras. El gobernador, con la ayuda del Presidente (Alberto Fernández) les otorgó un aumento del 40 por ciento. Se está reequipando la fuerza, se compraron patrulleros, se aumentó la suma para la compra de uniformes. Se les está suministrando chalecos nuevos. Se está haciendo un gran esfuerzo porque la gestión anterior había dejado a la policía por el piso y nadie protestaba. Por eso todos escuchamos los reclamos y se reaccionó de manera positiva”, describe la situación un altísimo funcionario que responde de manera directa al ministro Berni.
Por si quedaban dudas, abunda: “Ahora se dio la orden que el que saca los pies del plato lo echen. Y si la justicia avanza, como ya solicitamos, que vayan presos. No habrá contemplaciones para nadie, sea sargento o comisario”.
La posible protesta policial convocada para esta semana mantiene en vilo a los funcionarios, tanto de nivel político, como de la jerarquía policial.
Tanto es así que sábado pasado, en Pinamar, se denunció ante el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla una presunta “instigación al delito” de un grupo de policías -o al menos se estima que lo son- que convocaban, en Pinamar, a través de Facebook, a actos de protesta en esa localidad, Mar del Plata, y Puente 12, en La Matanza para actos de protesta el 11 de febrero desde las ocho de la mañana.
Las actuaciones las inició el comisario Ariel Gancitano, jefe del destacamento de Pinamar, un municipio que está administrado por Martín Yeza, el alcalde de Juntos por el Cambio.
La denuncia de Gancitano, autorizada tanto por Berni como por García, recayó en la UFID N°4 de Pinamar y está caratulada como “instigación pública a cometer delito”. Allí se relata que desde un grupo de WhatApp integrado por efectivos de la fuerza de seguridad provincial, se viralizaron publicaciones que convocaban a manifestarse el próximo miércoles.
Desde el juzgado federal de Ramos Padilla se “informó de manera telefónica”, que “no se efectuarán actuaciones preventivas, debiéndose mantener comunicación de inmediato el día del hecho ante el incumplimiento del artículo 205 y 239 del CP”, es decir, en principio, por la violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, según lo estableció el artículo 4 del decreto 297/2020, firmado por el presidente Fernández.
Por otro lado, se ordenó caratular las actuaciones por “instigación al delito”, y se solicitó “recolectar todo el material posible y demás tareas investigativas manteniéndose comunicación telefónica el día 10 de febrero en horas de la tarde a fin de recibir nuevas directivas”.
Según pudo saber Infobae, la Dirección General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense, ya trabaja sobre la misma denuncia que el comisario de Pinamar realizó ante la justicia federal.
El “petitorio” anónimo que circula por las webs vuelve a insistir en la equiparación de los honorarios al de las fuerzas de seguridad federal o de la Policía de la Ciudad. El paper, que no fue recibido por ninguna autoridad provincial, consta de 21 puntos, la mayoría de ellos calcados a los reclamados realizados en 2020 y que terminó con una concentración frente a la quinta presidencial de Olivos.
El petitorio no está firmado, y por esa razón, lo califican como un “anónimo” al que no van a tratar porque “todo lo que pide este movimiento político, ya fue otorgado o está en vía de serlo”, precisan desde el ministerio de Seguridad bonaerense.
Los policías en reclaman preparación física, académica, y táctica para el personal operativo, y cursos de perfeccionamiento para el personal administrativo, ambos en forma semestral.
“La posibilidad del acceso a la vivienda digna para la totalidad del personal policial, ya sea por la realización de convenios con el Instituto de la Vivienda o por la construcción de no menos de dos complejos habitacionales por jefaturas departamentales”, fue otro de los reclamos.
Luego del reclamo policial de septiembre pasado, que se replicó en localidades como Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Mar del Plata entre otras, el Gobierno bonaerense prometió una “mejora salarial importante” a la Policía provincial.
Para los policías, entre ellos comisarios y subcomisarios que solo acceden hablar en off por temor a una “represalia”, desde la finalización del conflicto el 10 de septiembre de 2020 hasta la actualidad, “no hubo cambios” y solo “falsas promesas” por parte de los funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense.
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