El abogado constitucionalista e integrante de la comisión que asesora al presidente Alberto Fernández para la Reforma Judicial, Andrés Gil Domínguez, cuestionó duramente la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica (NODIO), por parte de la Defensoría del Público que conduce la periodista Miriam Lewin.
Según la presentación en la página oficial el NODIO “trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”. La iniciativa oficial que busca detectar, verificar y desarticular “operaciones” detrás de la información.
En diálogo con Infobae, Gil Domínguez fue muy crítico de la iniciativa y dijo que “es un mecanismo estatal que implica un abuso” y “un control estatal sobre la información que circula en una sociedad democrática”.
“Es anacrónico. En la cuarta revolución industrial, en el marco de las comunicaciones digitales, donde existen las redes sociales y todos somos productores de sentidos, hablar de protección de las audiencias, concepto relacionado con la comunicación audiovisual, donde tenías la capacidad de juntar en una determinada hora y lugar una cantidad de personas para hacerle llegar un producto, es totalmente anacrónico”, explicó.
Según Gil Domínguez “el problema es que quien desarrolla esta idea se quedó, desde el punto de vista de la innovación tecnológica, en el siglo pasado”. En esa línea, agregó: “Son ideas que no reflejan la realidad de hoy y que, a su vez, implican una concutación directa de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, especialmente la Convención Americana”.
“La propia Convención establece que si hay algún tipo de información u opinión maliciosa que viole los estandartes establecidos por la Corte Suprema de Justicia, en casos ya célebres como Campillai, Batitó o Morales Solá, están las responsabilidades ulteriores para la persona afectada”, destacó.
Y agregó: “También establece que cuando una persona se siente afectada por el ejercicio de la libertad de expresión, lo que corresponde son las responsabilidades ulteriores, pero no un control sobre que es mentira, que es verdad, que está bien o que esta mal. Y mucho menos estatal”.
En esa línea, explicó que esta iniciativa de la Defensoría del Público “desconoce los estándares desarrollados por la Corte Suprema de Justicia, a lo largo de años, sobre lo que es la libertad de expresión y las responsabilidades ulteriores"
Durante el diálogo con este medio, Gil Navarro aseguró que la creación del Observatorio “es como una suerte de postura melancólica, de añoranza de un pasado que ya no existe, pero intentando establecer controles que atentan contra la libertad de pensamiento y de expresión”. Además, dijo que “no discierne entre opinión e información”.
“Es como una suerte de añoranza de un pasado que por suerte se terminó. Porque el presente, en términos de libertad de expresión y comunicación, es mucho mejor”, sentenció.
Siguiendo esa línea, hizo un análisis sobre la actualidad de la comunicación y la circulación de información y opiniones en las redes sociales. “Más allá de la irradiación, la potencia y la jerarquía de quien emite el discurso, hoy todos somos productores de contenidos. De información y de opinión”, especificó
También resaltó que “no es como en el siglo pasado donde tenías el productor claramente definido y las audiencias, muchas veces, estáticas y en un determinado segmento al cual le llegabas” y destacó que “la información y la opinión es totalmente dinámica, la capacidad de réplica en las redes sociales es inmediata”.
Gil Domínguez fue muy claro al referirse a la restricción a la libertad de expresión que implica la creación del Observatorio. “Esta iniciativa estatal colisiona y conculca la libertad de expresión, de pensamiento contemplada en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica".
Y agregó, al detalle: “Especialmente en el inciso 3, que es muy claro al respecto, cuando habla que no se puede restringir al derecho a la expresión por vías o medios indirectos” y que “no puede existir ningún tipo de restricción o censura indirecta por medios como uso de controles oficiales que puedan impedir la circulación de ideas, información y opinión".
“Es un perfeccionismo autoritario. Que el Estado tiene que proteger a la sociedad de su capacidad de discernir entre las opiniones e informaciones que recaba”, exclamó, para luego explicar que implica "un estado autoritario” y que “ni siquiera puede ser considerado un paternalismo” porque en ese caso “te indica que es lo mejor para tu vida” mientras que “esto directamente te impone que es lo mejor para tu vida”.
El abogado constitucionalista desarrolló su idea con un ejemplo. “El paternalismo es la que te dice “para mi como Estado lo mejor es que hagas esto” y el perfecccionismo es el que te dice “tenes que vestirte de esta manera”. Y esto se asemeja más al perfeccionismo porque te va a establecer que es la verdad y que no es la verdad. Sin que vos tengas capacidad de elegir”, aclaró.
En una reflexión final, puso énfasis en una mirada política y aseguró que “no le hace bien al Presidente, que siempre ha sido un defensor de la libertad de expresión y de pensamiento, este tipo de iniciativas”.
“No le hace bien a este Gobierno, que tiene un Presidente que siempre ha defendido la libertad de pensamiento y expresión, que en estos meses lo ha hecho en infinidad de programas que no son de su propia sintonía ideológica que, desde sectores cercanos al Gobierno, promuevan este tipo de iniciativas”, cerró.
Seguí leyendo
PUBLICIDAD