La jueza federal Eugenia Capuchetti se hizo cargo hoy como magistrada subrogante del Juzgado Federal N° 6 de los tribunales de Comodoro Py donde, entre otras, tramita la causa del atentado a la AMIA. Capuchetti salió sorteada para reemplazar en el juzgado a Julián Ercolini, quién esta semana renunció a la subrogancia de ese tribunal.
El juzgado 6 está vacante desde julio cuando renunció su titular, Rodolfo Canicoba Corral. Allí, además de la causa AMIA se investiga a ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en la causa llamada “peajes”.
Cuando un cargo judicial queda vacante se hace un concurso para designar a un nuevo titular. Pero como el proceso es largo -puede durar años- se designa un subrogante, que es un juez suplente. Esa designación se hace por sorteo entre los otros integrantes del fuero federal. Para reemplazar a Canicoba Corral salió sorteado a fines de julio el juez Julián Ercolini, titular del juzgado federal 10 de Comodoro Py. Ercolini subrogó el juzgado 6 hasta esta semana cuando presentó su renuncia a continuar en ese juzgado. Alegó para eso motivos personales y la gran cantidad de trabajo que significa tener dos juzgados.
Los motivos fueron aceptados por Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, y se realizó un nuevo sorteo. En el bolillero había solo tres jueces Capuchetti, Sebastián Ramos y Ariel Lijo. El resto de los magistrados federales se excusaron de participar -lo que fue aceptado- por diferentes motivos, principalmente porque ya subrogan otro tribunal.
Capuchetti es la jueza más nueva de Comodoro Py y la segunda mujer a cargo de un juzgado de primera instancia. La primera es María Servini. Asumió en mayo del año pasado como titular del juzgado federal 5, que estaba a cargo de Norberto Oyarbide, quién renunció en 2016. La magistrada estará a cargo del juzgado 6 por un año o hasta que se complete la vacante con un nuevo titular. La ley permite prorrogar la subrogancia por un año más.
Hija del histórico jefe de Seguridad de la AFA, Capuchetti, de 47 años, trabajó durante dos décadas en los tribunales federales de Comodoro Py. Fue secretaria en el juzgado federal 12 y luego pasó al Ministerio Público porteño donde fue titular de la Oficina de Enlace con Organismos Oficiales del Ministerio.
La causa más importante que tiene el juzgado 6 es la investigación del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 cuando una camioneta explotó en la puerta de la mutual judía. Murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Por el caso hay pedido de captura internacional con alertas rojas de Interpol para cinco personas acusadas de ser autores ideológicos del atentado. La investigación del casó esta delegada en la Unidad Fiscal AMIA.
En el juzgado 6 también tramita la causa por las presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo y al Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires. En ese expediente están acusados cuatro ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri: el ex ministro de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.
Los cuatro fueron procesados por Canicoba Corral en los días previos a dejar su juzgado. Luego la Cámara Federal anuló los procesamientos porque cuando los ex funcionarios fueron indagados Canicoba Corral no les dio acceso al expediente para ver la prueba. Ahora Capuchetti deberá decidir si los vuelve a citar a indagatoria.
En esa causa se busca determinar si el estado argentino fue perjudicado. La firma española Albertis había presentado una demanda por incumplimientos del Estado argentino ante el CIADI apenas unos días antes de que asumiera Macri la presidencia. Ese reclamo fue retirado luego de que la administración que encabezaba Macri decidiera extender las concesiones viales a Ausol y al Grupo Concesionario del Oeste hasta el año 2030, operación que incluyó reconocerle a la primera de las empresas una supuesta deuda de 500 millones de dólares. Esa renegociación fue perjudicial para el Estado, según lo ha determinado el juez.