La defensa de Cristina Kirchner pidió hoy a la Cámara Federal de Casación Penal que revoque la prisión preventiva en el marco de la causa de los cuadernos antes del 10 de diciembre. El planteo fue hecho por el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex presidenta, quien sostuvo que no había ningún riesgo que justificara un pedido de detención de la vicepresidenta electa. Calificó esa orden de “antojadiza”, “disparatada” y “vergonzosa”, aunque aclaró que estaba siendo moderado en sus términos porque había venido a la audiencia “tranquilo”.
Después de explicar durante casi una hora por qué no había justificación para haberse dictado la prisión preventiva, Beraldi apuntó al rol que ocupará Cristina Kirchner en unos días. “Hay una naturaleza de carácter político. El 10 de diciembre la doctora de Kirchner va a asumir como vicepresidenta, circunstancia que indica que es inimaginable que se preste a maniobras de escapar o entorpecer. No lo hizo ni cuando era presidenta ni lo va a hacer ahora que será vicepresidenta, ni en el mientras tanto lo hará”, sostuvo Beraldi.
Y en ese marco reclamó que el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara de Casación se resuelva en el plazo previsto de cinco días. “No estoy pidiendo ningún tipo de privilegio. Sino que se cumplan con los plazos procesales”. “Decir que un vicepresidente va a asumir con una prisión preventiva fundada de una manera grotesca como esta realmente es algo que no se comparece con los principios del Estado de derecho que todos decimos defender”, añadió.
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Cristina Kirchner está procesada con prisión preventiva en la causa de los cuadernos como jefa de una asociación ilícita y acusada de haber recibido coimas en los recorridos de los viajes que describió el chofer Oscar Centeno en sus anotadores. Aunque atacó en instancias anteriores el procesamiento, el forum shopping, la ley del arrepentido y un planteo de “litispendendencia”, Beraldi aclaró que sólo se iba a referir sobre la prisión preventiva porque así se lo había permitido la Cámara Federal.
No obstante, aunque no estaba en la agenda, el defensor de todas maneras planteó un cuadro de situación sobre la multiplicación de acusaciones en torno a una asociación ilícita que llevaba adelante maniobras de lavado de dinero (como en Los Sauces) o de concesión de la obra pública selectiva (como en el juicio de la obra pública). “Si algún alumno nuestro en la facultad dijera que la asociación ilícita se puede diferenciar por planes, inmediatamente serían reprobados”, les advirtió a los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.
Pero además, Beraldi sostuvo que las órdenes de detención contra Cristina Kirchner llegaron cuando la ex jefa de Estado asumió como senadora en diciembre de 2017. Según destacó, antes de ello, Bonadio también la había procesado como jefa de asociación ilícita en el caso Los Sauces, pero allí no se había dispuesto a la detención.
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“Pareciera ser que la única circunstancia objetiva hasta 2017 y después es una circunstancia que nada tiene que ver con los problemas jurídicos sino que ingresa en el contexto político –dijo–. Pareciera ser que después de que Cristina Fernández de Kirchner fue electa senadora y pasó a tener fueros, esto fue lo que determinó que existieran riesgos. Esto es una situación grave y debe ser especialmente valorada", afirmó.
La primera orden de detención de CFK, con su respectivo pedido de desafuero, se dictó el 7 de diciembre de 2017 por la causa del Memorándum con Irán, nacida en la denuncia que motorizó el fiscal Alberto Nisman antes de morir. La segunda se firmó en septiembre de 2018, en la causa de los cuadernos.
No solo destacó que la ex presidenta “carece de condenas” y que los delitos investigados aquí no habilitan la aplicación de la prisión preventiva por la pena en expectativa, sino que además tampoco puede justificarse en la recuperación de activos, cuando ya se le aplicaron embargos e inhibiciones y “desde lo cautelar se agotó lo legal y lo ilegal” por hacer.
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“En estos cuatro años de persecución se han desarrollado todo tipo de pesquisas para saber si tenía bienes no declarados desde todos los organismos del Estado y no encontraron bienes ocultos –aseguró el abogado–. Desde que empezaron estas investigaciones se han producido decenas de allanamientos. Incluso cuando la doctora era presidenta en la causa Hotesur. Y en la causa de los cuadernos hasta la doctora votó a favor del allanamiento en su domicilio, en donde hasta le rompieron las paredes buscando bóvedas escondidas. No hubo ningún tipo de interferencia”.
Según sostuvo, “la conducta procesal de la doctora ha sido inmejorable. No solo en esta causa, en todas las que se la investigó. Jamás faltamos a una indagatoria y ejercimos nuestros derecho de defensa. La conducta procesal no amerita bajo ningún punto de vista el dictado de la prisión preventiva”.
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