Los referentes de la mesa judicial del gobierno mantuvieron contactos durante esta mañana para analizar las repercusiones políticas y principalmente técnicas de la decisión de la Corte Suprema. El máximo tribunal de justicia solicitó el expediente que analiza irregularidades en la concesión de obra pública en Santa Cruz y que tiene como principal imputada a la ex presidente de Cristina Kirchner.
En un principio se interpretó que ese trámite podría postergar el inicio del juicio oral, que está programado para el martes de la semana que viene. Sin embargo, los principales referentes jurídicos del Poder Ejecutivo coincidieron que de la decisión del máximo tribunal no se desprenden elementos que imposibiliten el inicio de las audiencias tal como estaba previsto.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, fundamentó esta posición públicamente. Dijo, además, que evitar el proceso no sería una buena señal para la ciudadanía. "El caso llegó a una instancia donde se debe resolver si hay elementos de prueba para comprobar los ilícitos que se imputan o no", desarrolló. A la par, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) -querellantes en el caso- realizaron presentaciones para evitar más dilaciones.
En esa línea se pronunció esta mañana el fiscal del Caso, Diego Luciani, cuyo dictamen hizo hincapié en que hay tiempo suficiente para cumplir con el traslado de las actuaciones y solicitarle al tribunal la devolución de las mismas para permitir el inicio del debate.
El Tribunal Oral Federal N°2, que tendrá a su cargo el juicio oral, deberá expedirse sobre el tema. Se prevé que este mediodía confirmará si el juicio oral comienza la semana que viene o si queda suspendido provisoriamente. Anoche, en discusiones preliminares entre sus integrantes, había una coincidencia sobre las dificultades que genera la intervención de la Corte para avanzar con el juicio oral tal como estaba previsto.
El encargado de visibilizar la mirada política que tiene el gobierno nacional del asunto fue Marcos Peña. En una entrevista con Eduardo Feinmann, el jefe de Gabinete dijo que hay sensación de impunidad y sin dar nombres aseguró que hay jueces que se mueven al ritmo de las encuestas y no de los códigos.