Directivos de Amnistía Internacional se reunieron con el canciller Jorge Faurie para denunciar que Venezuela transita por "una de las peores crisis de los derechos humanos" del mundo y el funcionario argentino admitió que la reciente reunión de la OEA para arribar a una solución ante los atropellos del régimen de Nicolás Maduro fue "un rotundo fracaso".
Erika Guevara Rosas, directora ejecutiva de la oficina regional para las Américas de Amnistía Internacional, y Mariela Belski, directora ejecutiva de Argentina para esa misma organización, estuvieron con Faurie, aunque no dialogaron sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. Denunciaron las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y a la vez le pidieron al Gobierno que busque imponer el tema en la agenda del G20, que se realizará en Buenos Aires el año que viene.
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Sólo al término de ese encuentro de las delegadas de Amnistía Internacional con Faurie, y en diálogo con la prensa, Belski dijo que "la Argentina padece hoy un agujero negro y una falta absoluta de planes en materia de derechos humanos".
Durante la reunión con el canciller argentino en el Palacio San Martín tanto Belski como Guevara Rosas expresaron "la alarmante incapacidad de los países miembros de la OEA de encontrar un camino de solución posible ante la aberrante violación a los derechos humanos en Venezuela". De esta manera, se refirieron a la reunión anual de la OEA que se hizo la semana pasada donde no hubo acuerdo entre los países para crear un "grupo de amigos" conducido por una figura internacional con la intención de emplazar a Maduro en la puesta en libertad de los presos políticos, el llamado a elecciones y la restitución del Estado de derechos en Venezuela.
Según relataron Belski y Guevara Rosas al término de la reunión, el canciller argentino admitió "la rotunda derrota" de la OEA en encontrar una solución al caso Venezuela. En ese encuentro las delegadas de Amnistía denunciaron que bajo el régimen de Maduro existen unas 150 cárceles clandestinas donde se estarían ejecutando torturas a los presos políticos, hay un sistema de detenciones arbitrarias por parte del servicio de inteligencia bolivariano, el sistema hospitalario está al borde del colapso total, el reparto de alimentos por parte del gobierno responde a un manejo político y el dirigente Leopoldo Lopez ya lleva 35 días de aislamiento total en la cárcel más allá de los años que está preso bajo el gobierno de Maduro.
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Ante todas estas denuncias, Amnistía Internacional exigió a la Argentina que alcance, junto con otros países de la OEA, una "solución inmediata" al caso Venezuela. También le plantearon al canciller Faurie para que durante la cumbre del G20 en Buenos Aires el año que viene la Argentina busque imponer en el debate la situación de vulneración de los derechos humanos en diferentes lugares del mundo incluidos los países desarrollados.
Al término de la reunión en el Palacio San Martín, las delegadas de Amnistía internacional ofrecieron una conferencia de prensa donde sí hablaron de la situación de la Argentina en materia de derechos humanos. Allí denunciaron la "detención arbitraria" de la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala; el retroceso en materia de lucha contra los represores de la dictadura tras el fallo del 2×1 de la Corte Suprema y denunciaron que el gobierno de Mauricio Macri "carece de un plan para los derechos humanos y su política en este campo es un agujero negro".
En este sentido, Belski dijo que a Amnistía Internacional le preocupa el caso del decreto del Gobierno que "busca perseguir a los inmigrantes y convertir el tema migratorio en una política limitada a la seguridad". Se refería así al decreto presidencial de enero pasado que permite la expulsión de los extranjeros que cometen delitos en el país.
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