El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó 32 medidas de prueba para comenzar a investigar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner y otros ex funcionarios y allegados de su gobierno por el presunto encubrimiento de los acusados del atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán.
Entre esas medidas, el fiscal dispuso realizar "el cruce de los abonados telefónicos con miras a determinar la existencia de conexiones telefónicas entre los sujetos investigados -y su frecuencia-, siempre desde el mes de enero de 2011 hasta diciembre de 2015".
Se trata de los teléfonos de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el dirigente social Luis D'Elía, el abogado vinculado a los servicios de inteligencia Héctor Yrimina, el presunto agente de inteligencia Allan Bogado, el líder de Quebracho, Fernando Esteche, y el dirigente de la comunidad iraní Jorge Alejandro Khalil. Todos ellos había sido denunciados por Nisman en enero de 2015. Pero Pollicita imputó hoy al ex ministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido, al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona. Sobre ellos también se pidió el entrecruzamiento.
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Primero se requirió a las empresas Telefónica, Telecom, Personal, Claro, Movistar y Nextel los números de teléfonos que tienen registrados a nombre de los imputados. Y puntualmente Pollicita también ordenó otras medidas.
Al jefe de Gabinete, Marcos Peña, le solicitó que le detalle las líneas de teléfono asignadas a los despachos y la secretaría privada que usó Cristina Kirchner en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos del 1 de enero de 2011 y 9 de diciembre de 2015.
También todos los celulares asignados a Cristina Kirchner, Timerman, De Vido, Parrilli, Zannini y Abbona y le preguntó si D'Elía fue funcionario del gobierno entre 2003 y 2015.
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El mismo pedido hizo el fiscal a la Cámara de Diputados, la AFI, el Ministerio de Energía, la Cancillería y a la Procuración del Tesoro de la Nación para que le informen los teléfonos asignados a Larroque, Parrilli, De Vido, Timerman y Abbona en las dependencias que ocuparon y el registro de visitas para comprobar si se reunieron con alguno de los imputados entre 2011 y 2015.
Sobre las visitas, el fiscal le pidió a la Secretaría General de la Presidencia que le informe "los registros de visitas de la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial de Olivos" de los imputados con la indicación del "área y/o funcionario con el cual se hubieran entrevistado".
Pollicita también le requirió a la canciller Susana Malcorra que le aporte con detalle los viajes que Timerman hubiese hecho a "Irán, Israel, Siria, Suiza, Francia, Etiopía, Estados Unidos y/o Venezuela" de 2011 a 2015.
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Además, a la AFI, el fiscal le preguntó si Bogado fue "agente orgánico o inorgánico de la ex Secretaría de Inteligencia de la Nación".
Por otra parte, Pollicita le pidió a la Dirección Nacional de Migraciones las salidas y entradas al país de todos los acusados. "Asimismo, requiérase se comunique el destino final de los egresos del país, como también el medio y/o empresa de transporte o aerolínea que hubiera intervenido en el traslado", agregó.
También pidió información sobre el memorándum de entendimiento con Irán, tanto al Senado de la Nación, a la Secretaría de Legal y Técnica de la Nación, Cancillería y a Interpol, entre ellas las circulares rojas de detención contra los iraníes.
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Entre las últimas medidas, el fiscal pidió copia de las declaraciones que hizo el ex agente de inteligencia Antonio "Jaime" Stiuso en la causa por la muerte de Nisman.
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