Alcalde de Talara presenta demanda contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

Sigifredo Zárate, alcalde de la Municipalidad Provincial de Talara, ha puesto una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado en el gobierno de José Jerí, “en defensa del interés público”

El alcalde de Talará está en contra de la privatización de Petroperú y alega que afectaría la economía local. - Crédito Difusión

El 31 de diciembre de el gobierno de José Jerí promulgó el Decreto de Urgencia Número 010-2025, que autoriza el ingreso de capital privado en bloques patrimoniales de la empresa estatal Petroperú.

Esta decisión, adoptada pocas horas antes de finalizar el año, activó las alarmas de diferentes sectores y actores pro y anti privatización. Pero ahora, tras la entrada del nuevo presidente interino José María Balcázar, la gerente general de la estatal ha sido removido y se ha reincorporado a Gustavo Villa Mora, quien estuvo en el cargo en diciembre de 2025.

Así, a la par de estas señales de un posible retroceso en la privatización de Petropéru, el mismo alcalde de Talara, Piura, donde se ubican las operaciones de la empresa, Sigifredo Zárate, ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para que se elimine este decreto y con ello detener la privatización.

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La Refinería de Talara, parte crucial para la industria del petróleo crudo peruano. Foto: Petroperú

Demanda contra privatización de Petroperú

Decreto de Urgencia N° 010-2025 viabilizaría la privatización de la empresa estatal Petroperú, y así como más de cuatro proyectos de ley buscan derogar la norma en el Congreso, el mismo alcalde de Talara ha actuado para detener esta situación.

“Solicito que el Tribunal Constitucional declare fundada la demanda y, en consecuencia, declare inconstitucionales los extremos del Decreto de Urgencia N° 010-2025-PCM”, señala el documento al que tuvo acceso Infobae Perú. La demanda va en contra de dos decisiones que toma este decreto:

  • Que habilita la privatizacion o transferencia de control de Petroperú S.A. mediante la derogación o neutralizacion normativa de la Ley N° 28244
  • Que dispone, mediante la Cuarta Disposición Complementaria y Final, la terminación de relaciones laborales por reorganización patrimonial.

"Subsidiariamente, solicito que se declare la nulidad constitucional de la Cuarta Disposición Complementaria y Final por vulnerar derechos fundamentales, manteniéndose vigente el resto de la norma en cuanto no contravenga la Constitución”, añade el alcalde en su demanda.

Petroperú cambió nuevamente de gerente general. Entra el que estaba antes de que aprobará la "restructuración". - Crédito Petroperú

Privatización impactaría en Talara

¿Qué motiva al alcalde a actuar en contra de la privatización de Petroperú? En su demanda señala el interés público, sobre todo de su provincia.

“Talara constituye un enclave energético nacional. La operación de Petroperú influye directamente en empleo, ingresos familiares, tejido empresarial local, seguridad y paz social. Por ello, el interés municipal no es mediato: es directo, actual y de alcance colectivo”, aclara.

Así, la demanda se legitimaría “en defensa del interés público local y nacional: la seguridad energética, la economía de combustibles y la estabilidad laboral son asuntos de bien común, conectados con los deberes esenciales del Estado”, agrega.

José María Balcázar firmó proyecto de ley para derogar el decreto de urgencia que privatiza Petroperú. - Crédito Presidencia

También está la preocupación por el impacto al consumidor. “Al abrir la privatización sin parámetros de servicio público ni salvaguardas de continuidad, se incrementa el riesgo de captura del mercado, depencencia externa y volatilidad de precios”, añade.

Así, según la demanda en Talara los impactos previsibles abarcan aumento del desempleo, contracción económica, caída de recaudación y “deterioro del tejido social”. “A nivel nacional, el encarecimiento de combustibles genera un efecto expansivo en transporte, alimentos y servicios, afectando la remuneración suficiente y la canasta básica.

De igual manera, “en un escenario de emergencia o conflicto, la seguridad del abastecimiento de combustibles para las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional resulta crítica; la norma, al permitir una privatizacion sin control democrático ni garantias de abastecimiento, compromete un componente de seguridad nacional”.

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